En medio de las tratativas de la Ley Ómnibus por parte de Gobierno Nacional, que está enfocado en sostener el plan de ajuste fiscal, se cree que el poder ejecutivo buscaría impactar en el precio de la nafta y en los bolsillos de los usuarios.

La misma se trata de una medida que podría mejorar las cuentas públicas en relación a los ingresos y la cual sería una actualización del impuesto a los combustibles, el cual estaba congelado desde el año 2021, mientras que desde el sector estiman que podría representar un aumento del 11% en los precios.

Dicho impuesto fue creado en el año mediante la ley 23.966, sancionada en 1998, y tenía como fin principal financiar fondos de viviendas e infraestructura a lo largo de todo el territorio nacional.

El mismo consiste en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al dióxido de Carbono, mientras que además impone montos fijos que reciben actualizaciones o en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor, el cual mide el INDEC en un período de 3 meses.

Es importante recordar que el Gobierno suspendió su aplicación desde el primer trimestre de 2021, para poder evitar el aumento sistemático en el precio de los combustibles en un contexto de importante inflación.

La justificación del poder ejecutivo sobre la actualización de un impuesto en los combustible
Según habían explicado en el Boletín Oficial acerca de la medida: “El congelamiento en los impuestos al combustible es una medida que implica que el Estado resigna la recaudación de estos impuestos para lograr una mejor competitividad en los precios y evitar mayores costos para los ciudadanos”.

De esta forma es que el Ejecutivo podría “no renovar” ese congelamiento, y como consecuencia podría haber un importante aumento en el precio de los combustibles en todo el país.