No es una novedad que en la provincia se viene pagando por ese servicio, autorizado por la Cámara Nacional Electoral, pero también debe ser refrendado bajo la forma de un convenio de colaboración por las autoridades del gobierno de Santa Fe y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, a la vez titular del Tribunal Electoral.

Desde hace más de veinte años en Santa Fe se paga para confeccionar y actualizar los padrones electorales, pero esta vez el monto establecido instaló una alerta y motivó algunas aclaraciones.

En principio el trabajo es el mismo de siempre: actualizar una base de datos que proporcionan los propios Registros Civiles de la provincia, aunque con información que debe ser depurada a la hora de incluirla en los padrones. Por ejemplo dar de baja los fallecidos y sumar a los que votan por primera vez, con el agregado de que en Santa Fe habrá este año dos elecciones desdobladas. En la nacional podrán sufragar las personas con 16 años cumplidos al momento de la elección primaria, y en la provincial los que tengan 18 el día de las PASO para gobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes y autoridades comunales.

 
Cuentas y explicaciones

 
¿Cómo se calcula el importe que motivó la polémica? El juez federal de Santa Fe Reynaldo Rodríguez no dio demasiadas precisiones, salvo que se trata de una actualización de los valores que se pagaron con motivo de las elecciones de 2021, que entonces fueron 20 millones de pesos.

En la Secretaría Electoral federal, delegación Santa Fe, trabajan 140 empleados de planta y una parte del dinero que deberá pagar la provincia se destina al costo por las horas extras que se deban realizar para cumplir en tiempo y forma con ese trabajo.

Además de que el importe asentado en el convenio les pareció exagerado tanto a la Justicia provincial como al gobierno santafesino, otro detalle que se cuestionó esta vez es que en otras provincias se paga menos. Córdoba, por el mismo trabajo o similar, se comprometió a abonar poco más de 8 millones de pesos, tiene un padrón más grande que el de Santa Fe y ambos distritos disponen de la misma tecnología e informatización.

A favor de defender la cifra de 55 millones, el juez de Santa Fe replicó que la provincia de Buenos Aires paga más. En su contra se precisó que Chaco, Corrientes, Mendoza y Tierra del Fuego asumen el costo de hacer el trabajo de actualización de padrones y no le pagan nada a la Nación. En algunas de esas provincias también hay elecciones desdobladas.

Como el artículo 17 del Código Electoral Nacional expresa que los datos son libres y gratuitos, algunas provincias pagan y otras no, o se afectan cifras dispares. “El monto surge de la aplicación de un coeficiente —dijo Rodríguez—, y cada distrito tiene un servicio distinto. Nosotros damos uno muy completo a Santa Fe, que no lo da Córdoba”, ejemplificó.

Quedó claro en la discusión pública que se desató que en todos los distritos no se aplica el mismo criterio para confeccionar los padrones ni se presta el mismo servicio, aunque no se precisó cómo redundaría eso en la calidad de la tarea.

Hace una semana, cuando se disponían en la ciudad de Santa Fe a tomar juramento a los nuevos fiscales y defensores públicos designados con aprobación legislativa, el gobernador Omar Perotti y el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, coincidieron en frenar la firma del convenio que iba a producirse después de esa ceremonia, a raíz de estas observaciones que hizo públicas el titular de la Justicia provincial.

Esa decisión, cuando se iba en camino de rubricar el convenio, provocó el enojo del juez federal Reynaldo Rodríguez, que se vio obligado a llamar a una conferencia de prensa para defender el número propuesto.

Aunque dio explicaciones en esa reunión con los medios, no fue del todo explícito, habló de la transparencia y la trazabilidad del procedimiento que implicará una transferencia del Gobierno provincial a la Administración General del Consejo de la Magistratura, y dijo que parte de esos importes “se devuelven una vez que se paga el trabajo de horas extras, ejecución y supervisión” de la Secretaría Electoral a su cargo.

 
“¿Achicar los servicios?”

 
Rodríguez explicó que el servicio que se presta “no es solamente la entrega del padrón” y que los datos originales requieren un “arduo trabajo de depuración”. Incluso fue más allá y sugirió que una alternativa si se decide no pagar tan elevados montos sería “achicar los servicios”, lo que podría significar un padrón menos actualizado, algo que el gobierno de Santa Fe no parece dispuesto a conceder.

La legitimidad de los padrones puede ser un punto de conflicto entre los partidos si el día de la votación alguien advierte problemas que impiden que voten todos los que están habilitados, y nadie más que estos.

La discusión se produce en medio del cronograma electoral que debe cumplir con plazos ya determinados. Hasta el martes se exhiben para correcciones los padrones provisorios, pero el problema surgirá si los padrones no están listos a mediados de mayo, cuando se deberían publicar al mismo tiempo que las boletas electorales van a imprenta.

Como los tiempos apremian, es probable que el tema se resuelva en los próximos días con alguna salida intermedia que justifique los trabajos a realizar y baje un poco el monto, teniendo en cuenta que no responde a una sumatoria de los costos concretos de un listado de tareas, sino al uso de una calculadora, que aplicó una ecuación inflacionaria sobre los mismos valores que se venían pagando otros años. Aunque como dicen algunos, los que hacen el cálculo “son los dueños de la pelota”, con lo que va a resultar difícil pelearles el precio.

A Erbetta, que fue quien salió públicamente a cuestionar los 55 millones y pidió precisiones antes de estampar su firma, le contestaron desde la Secretaría Electoral federal que en 2017, cuando ejercía las mismas funciones que ahora, ya firmó un convenio similar aunque con valores acordes a aquella época.

“Como piamontés que soy me gusta cuidar la plata de los santafesinos y no voy a firmar un cheque en blanco”, fue la frase con la que el presidente de la Corte desató esta polémica. El gobernador Omar Perotti adhirió a ese mismo criterio. 

La disputa, que ya es pública y tensa, dejó al Gobierno en el medio.