La Sociedad Rural estimó que la provincia perderá 4.300 millones de dólares

La Sociedad Rural Argentina (SRA) realizó una reunión de Comisión Directiva en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con la participación de representantes de diferentes zonas donde se repasó el impacto de la sequía sobre la producción agropecuaria. Se estimó que en el caso de Santa Fe, las pérdidas económicas superarán los USD 4.000 millones.

En efecto, un informe presentado por la SRA proyectó además que la producción agrícola de la provincia en 2022 será la más baja en más de 3 décadas. La producción de soja se estima en 3,8 millones de toneladas y sería la cosecha más baja desde la campaña 1988/1989.

Además, se proyecta una cosecha total de maíz de 1,6 millones de toneladas, la más baja desde 1990/1991. La estimación es que este año la economía santafesina tendrá USD 4.290 millones menos que en 2022, lo que representa un 10% del Producto Bruto Geográfico.

Respecto a las principales pérdidas, se registrarán en la agricultura con USD 3.530 millones. Además, se perderán USD 500 millones en ganadería y USD 260 millones en la lechería.

En granos, las pérdidas son por la caída en producción. En la actividad ganadera, por la mayor mortandad de animales, menor peso logrado por los terneros vendidos, venta forzosa de vacas, menor preñez, que afectará la cantidad de terneros en 2024, y caída en el nivel de pasturas. Y en lechería, debido a los menores resultados productivos en un contexto de elevados costos para los tamberos.

Asimismo, el Instituto de Estudios Económicos de la Rural presentó un relevamiento por el cual se detalló el estado de situación de cada una de las medidas que implementó el Gobierno, a través del ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura.

A partir del mismo se concluyó que “el impacto de la sequía sobre la producción se profundizó aún más. Los instrumentos vigentes de la Ley de Emergencia resultan insuficientes para afrontar una situación de crisis climática de tal magnitud; la falta de emisión de algunos decretos, problemas para acceder al crédito y la suma por parte de la AFIP de más burocracia y restricciones para acceder a los beneficios de la Ley de Emergencia, entre otros”.