Un nuevo grupo inversor y una nueva administración tomaron el control de la clínica el paso mes de agosto, con la intención de sanear a la institución, que acarrea una deuda millonaria por más de 300 millones de pesos, para evitar el cierre definitivo de la misma.

Actualmente, la clínica depende económicamente del acuerdo firmado por PAMI, a través del cual se estableció una cápita de 6800 pacientes, para los cuales se requieren aproximadamente 60 trabajadores, tal como establece el acuerdo. Al tomar el control, la nueva administración se encontró con una planta compuesta por más de 120 trabajadores, lo que atenta contra la sostenibilidad económica de la institución. 

Según ha trascendido, el nuevo gerente Oscar Canavese mantuvo sucesivas reuniones con el personal en las cuales sinceró la situación alegando que el futuro de la clínica depende de poder reducir los costos para adecuarlos a los ingresos y que el plazo para ordenar los números y evitar el cierre es de 90 días. En esta línea, se han firmado nuevos acuerdos con mutuales, obras sociales y médicos para ampliar los servicios e incrementar los ingresos permitiendo reducir los despidos. 

La crítica situación ha generado un fuerte cruce con ATSA y con el Secretario General de la Filial Junín, Héctor Azil. Desde la administración dejaron a entrever que dados los contantes aprietes y extorsiones sufridas por parte del Azil y otros sindicalistas, evalúan la posibilidad de cerrar de manera definitiva a la clínica. La situación a alcanzando un punto de quiebre con la amenaza de muerte perpetrada por Azil al nuevo gerente, la cual ha sido denunciada en la justicia.

El polémico sindicalista se ha visto implicado en una serie de hechos violentos y se ha conocido que el sindicato fue el único que cobró un cheque a término de parte de la clínica, cuando el personal de la misma se encontraba realizando un paro por falta de pagos. 

La gran pregunta que surge es ¿Qué va a pasar con los 6800 abuelos que se atienden en la clínica? ¿Que intereses defiendo el sindicato cuando prefiere el cierre total a los despidos pagando las indemnizaciones que prescribe la ley? ¿Podrá una vez más la mafia sindical provocar el cierre de una empresa?