La Aduana y la DGI detectaron que cerca de 15 empresas truchas con 51 millones de dólares en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está vencido- sólo ingresaron al país 3 millones. El 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.

El hallazgo fue posible luego de analizar las exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020/2021 y detectaron nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados.

Puntualmente, llamó la atención de las autoridades la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas, que mostraban diversos puntos en común.

Según información oficial, todas evidencian un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo.

Además, la posición mayoritariamente utilizada es la de Maíz Partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales y ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados.

Siempre según datos de la investigación, en todos los casos las gestiones aduaneras recaían en un solo estudio de despachantes. En tanto, un porcentaje elevado de las destinaciones fueron registradas ante la misma aduana, Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.

Otro aspecto que llamó la atención fue que el monto de divisas liquidadas era sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados. Se cotejó, en algunos casos, la existencia de vinculación entre los compradores extranjeros y los exportadores.

Tras el análisis de la AFIP-DGI, descubrieron que muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia.

En ese marco, la Aduana-AFIP presentó una denuncia que está siendo investigada por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país, en los que se secuestraron celulares, PCs, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación).

La Policía Federal, a su vez, colaboró en los allanamientos y también trabajó en la investigación.

No se ingresaron los dólares al Banco Central
La maniobra es evidente: cerca de 15 empresas truchas con 51 millones de dólares en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está vencido- solo ingresaron al país 3 millones. El 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.

“La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”, señaló el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.

Otras acciones de Aduana-DGI
Respecto de las más de 40 empresas sospechadas, DGI procedió a suspender sus CUIT, mientras que la Aduana emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero ante la UIF.

La causa penal
El Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociación ilícita contemplada en el Art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y/o en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359 – T.O. 1995 Decreto N° 480/1995) y de la comisión de lavado de activos (Art. 303 inc. 1° del Código Penal).

Las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente.

Existen suficientes elementos de convicción para sostener que el exportador real -esto es, el verdadero dueño de la mercadería- habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla.

Dicha sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos -incapacidad económica para afrontar las operaciones-, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante métodos ardidosos el adecuado control del Servicio Aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías.