En este sentido, la directora ejecutiva de la ANMaC, Natasa Loizou, expresó que “estamos reactivando una política interrumpida por el gobierno anterior, destruyendo armas del delito, secuestradas gracias al trabajo articulado con los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Santa Fe. Es la realidad concreta de las políticas de control de armas, de prevención de las violencias y la persecución del delito”. Asimismo, agradeció “la presencia de las autoridades provinciales y de la Red Argentina por el Desarme, es muy importante porque juntos avanzamos en consolidar y dar nuevo impulso a las políticas de desarme y concientizacion de la sociedad sobre la resolución pacífica de los conflictos.”

Por su parte, el subsecretario de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de la provincia de Santa Fe, Joel Theytaz, agradeció la “fundamental colaboración de la ANMaC, que es parte del trabajo mancomunado entre la Provincia de Santa Fe y el Estado Nacional en busca de mejorar la calidad de vida de los santafesinos”. Señaló, además, la relevancia de este tipo de acciones que permiten “sacar de circulación armas de fuego que de otra manera podrían alimentar los circuitos ilegales”.

Con la recuperación y vigencia de esta política pública, la ANMaC persigue el objetivo de contribuir a la política pública de combatir el crimen en la materia de armas y explosivos, así como procurar la conformación de espacios de convivencia libres de violencias con uso de armas de fuego, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos. 

Esta política, enraizada en la cooperación institucional entre la ANMaC y demás organismos públicos nacionales y provinciales, y consistente en la registración, verificación y destrucción definitiva de armas de fuego, pretende evitar los posibles desvíos de los mercados lícitos hacia los ilícitos.

DESTRUCCIÓN DE ARMAS

El procedimiento de destrucción se realizó en dos etapas: la primera, llevada a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC), donde se efectuaron los controles registrales y notariales correspondientes. Bajo la custodia de la PFA, se trasladaron las armas de fuego a la planta de la empresa Scrap Service S.A, donde se procedió al triturado y fundición de las mismas, bajo estrictos protocolos de seguridad. Todo lo actuado fue certificado por parte de la Escribanía General de la Nación.

A cargo de la certificación del procedimiento estuvo el escribano general de la Nación Adscripto, Carlos Marcovecchio. Por el operativo de seguridad estuvieron a cargo el comisario inspector Diego Maldonado, y la comisaria Maira Souza, de la Division de Operaciones y Contramedidas, Armas y Explosivos de la Policía Federal Argentina.

De la actividad participaron también el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Gimena del Río; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak; el subdirector Ejecutivo de la ANMaC, Carlos Fernández; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial de la Nación, Nicolás Soler; el director de Relación con los Municipios, Joaquín Bezi; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; y Alejandro Colás, de la Red Argentina por el Desarme.