El fiscal de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, Matías Edery, señaló que hay unos treinta policías que están siendo investigados por una presunta venta de armas a bandas criminales. Se trata de agentes que se desempeñan en la sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Entre estas personas se encuentra el hermano de la jefa de Policía Emilce Chimenti, el subcomisario Cristian “Mosquito” Chimenti, quien se desempeña como director del Área Criminalística de la AIC, de la cual depende la sección Balística. De esta oficina faltaron al menos once armas y hay un policía que fue imputado el pasado martes por venderlas al dueño de un gimnasio identificado como Alexander L., quien será a su vez imputado este viernes y que es cuñado del propietario de la vivienda ubicada en Empalme Graneros, donde se encontraron dichas armas.

“Es una causa que tiene su complejidad como un faltante de once armas donde decidimos intervenir en la sección de Balística de la Agencia de Investigación Provincial, para ver si son once armas las que sacó este policía que está detenido, o hay una situación mayor, y en ese sentido estamos investigando a todo el personal que pueden llegar a tener algún tipo de responsabilidad que son como treinta personas. Entre esas treinta está el señor Chimenti, al ser una oficina no tenemos directamente algo contra él, sino que desde allí se vendieron armas que no tenían que estar en circulación”, explicó Edery en el programa De boca en boca (Radio2).

«Secuestramos los teléfonos celulares de todo el personal de Balística, que son cerca de 25 personas. Eso está en proceso de pericias para ver si existió una responsabilidad mayor y si fueron estas once armas o si hubo mayor de armas que salieron de allí y quedaron en menos de civiles”, señaló.

“Encontramos 11 armas en un allanamiento ordinario. Nos llamó la atención que todas esas armas tenían su numeración intacta, cuando habitualmente se les suprime ese código. Eso nos permitió establecer la trazabilidad de esas armas, es decir de dónde habían venido. Cuando analizamos todo eso establecimos que esas armas debían estar en depósito judicial. Así nos encontramos con una investigación mucho más amplia”, subrayó el fiscal.

En ese sentido, recordó que la persona que fue detenida con las once armas en su poder declaró que “se las estaba cuidando al cuñado, a quien un policía se las vendió. Acá encontramos una veta de cómo le llegan las armas a los delincuentes, por supuesto que no es la única. Pero esa arista es preocupante, porque han fallado muchísimos controles estatales para que esto pase”.

Edery agregó que, tras esas derivaciones, se realizó una inspección en la sección Balística. “Nos encontramos con una situación muy preocupante con falta de inventarios, no había controles en un lugar donde hay datos concretos de cuántas armas había. Estamos haciendo un inventario para ver cuántas armas hay y después sacarlas de allí y llevarlas a un lugar que cuenta con las medidas de seguridad necesarias”, agregó.