Después de un año y medio de sancionada la nueva Ley de Alquileres, los balances no son positivos para ninguna de las partes implicadas. Hay mayores complicaciones, se perjudica la posibilidad de acuerdo y hay una caída del 35 por ciento en las ofertas de propiedades.

Jorge Pighin, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, comentó que cuando en 2019 fueron convocados a los debates previos por la ley, "dijimos que iba a ser contradictoria. No hemos sido escuchados por ninguno de los sectores, ni este gobierno ni el anterior".

Junto a las irregularidades legales de la propia ley, hay que considerar la inflación en el país, del 50 por ciento. Es otro de los temas principales, puesto que el propietario tiene una inseguridad jurídica enorme y el inquilino no tiene posibilidad de proyección y seguridad.

"Los inquilinos no quieren firmar el contrato a tres años, porque no saben cuánto tienen que pagar. Se encuentran con un incremento del 53 por ciento, que atenta directamente contra sus bolsillos y sus salarios. No hay ley de alquileres o código civil o comercial que regule un mercado locativo de esta manera".

Propuestas
Desde el sector son claros y la propuesta es comenzar a trabajar ya con una nueva ley para derogar la actual con un respaldo jurídico.

"Pensamos que algo tienen que hacer, pero si intentan suspender la normativa actual, sobre qué base o qué ley se hacen los contratos, cómo quedan los inmuebles. No es fácil, hay que trabajar sobre una nueva ley para poder derogar esta con un seguridad. Desde la Federación acercamos al presidente de diputados un proyecto donde todos estos ítems que estamos charlando sean tenidos en cuenta. También que haya proyectos y planes para casas sociales", remarcó.

Lo que reclaman es la reducción del contrato a 24 meses, ya que con la inflación y la poca suba de los salarios, es imposible prever a tres años. "Nos encontramos que hay familias enteras que no saben dónde vivir, estudiantes que no tienen un lugar para residir".

A su vez, que sea libre contratación lo que permite tener montos acordes. Ya que la necesidad de demostrar ingresos por parte de los inquilinos se dificulta ante la cantidad de trabajo informal que hay. "La gente no puede justificar ingresos. Y la registración de los contratos, que puede hacerlo el inquilino o propietario, perjudica mucho. Como siempre decimos, una ley que perjudicó a las dos partes por iguales", expresó por último.