Luego de varias versiones sobre lo que se haría con esta medida a partir del próximo año, finalmente el Gobierno decidió implementar a partir del 2022 una reducción gradual de la doble indemnización por despidos injustificados. La decisión se confirmó mediante el Decreto 886/21 que se publicó en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el documento, la nueva norma plantea que, en el caso de despido sin causa, el trabajador afectado “tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un incremento equivalente al 75% del monto de la misma, desde el primero de enero y hasta el 28 de febrero de 2022″.

En tanto, esa cifra será del 50 por ciento desde marzo y hasta el 30 de abril próximos, y del 25% desde el primero de mayo y hasta el 30 de junio de 2022.

La normativa aclara que los porcentajes indicados “se calcularán sobre todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”, pero que el monto correspondiente “no podrá exceder, en ningún caso, la suma de 500.000 pesos”.

Además, se remarcó que el beneficio “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia” de esta ley, que fue implementada por primera vez a mediados de diciembre del 2019, poco después del cambio de Gobierno.

Junto con la prohibición de despidos, la doble indemnización fue una de las dos medidas que puso en marcha la Casa Rosada en el contexto de crisis sanitaria, que fueron extendidas por decreto sucesivamente a lo largo de 2020 y, más recientemente, hasta fin de este año.

Esas dos políticas forman parte de uno de las quejas más pronunciadas de las cámaras empresarias en los últimos meses. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, lo bautizó como el “triple cepo” laboral, en lo que identifica como una de las razones por las que el sector privado no puede crear puestos de trabajo formales.

En los considerandos del Decreto, el Poder Ejecutivo señaló que “si bien en la actualidad se observa un marcado proceso de recuperación del empleo asalariado registrado del sector privado”, la cifra todavía “se encuentra un 5% por debajo del nivel observado en diciembre del año 2015″, por lo que “es necesario mantener el objetivo de acrecentar el nivel de protección de trabajadores y trabajadoras formales mediante un incremento de los resarcimientos originados en los despidos incausados”.

“Los efectos de la pandemia sobre la población y el todavía incierto panorama acerca de su evolución, atento a las experiencias que se observan en otros países y al crecimiento del número de contagios en nuestro país, imponen la necesidad de seguir un criterio de prudencia y gradualidad para dejar sin efecto la medida establecida”, se explicó.