El consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados posibilitará que el plenario del cuerpo retome su actividad en el recinto el martes 26 de octubre con el tratamiento de los proyectos de Ley de Etiquetado Frontal y de políticas para personas en situación de calle, entre otras iniciativas, tras la fallida sesión de hace dos semanas.
 
El pasado martes 5, el Frente de Todos intentó llevar adelante una sesión especial para tratar proyectos como la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la de políticas para personas en situación de calle y un par de proyectos con beneficios al sector viñatero, pero fracasó en su intento ya que sólo consiguió sentar en las bancas a 122 diputados, siete menos que el quórum de 129.

La oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, argumentó ese día su ausencia en el desacuerdo con las formas en las que el Frente de Todos convocó a la sesión. Además, los diputados de JxC aclararon ese día que coincidían en la necesidad de abordar esos temas, pero que además se debían llevar al recinto la denominada Ley Ovina, e iniciar el debate en comisiones de proyectos como Ley de Alquileres, Boleta única y Emergencia Educativa.

Tras una serie de reuniones entre los principales referentes parlamentarios del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y del resto de los bloques minoritarios desarrolladas en los últimos diez días, finalmente se acordó la realización de la sesión el martes 26 al mediodía.

Además de los tres temas incluidos en la fallida sesión, se acordó que la agenda que se llevará ese día al recinto incluirá la prórroga de la Ley Ovina y el proyecto enviado por el Senado que autoriza la entradas de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse del 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.

Otros expedientes contemplados son el de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el Covid-19; la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada Guatemala en 2013; y el Régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescentes con cáncer.