Poco más de 24 horas después de conocerse el dictamen de la comisión bicameral de Acuerdos que aconseja suspender al jefe del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, el propio Sain presentó un amparo contra la provincia de Santa Fe para evitar el proceso que le acaba de abrir la Legislatura. El exministro de Seguridad realizó el trámite judicial ante el juzgado Laboral de la 10ª nominación, a cargo de la doctora Paula Calace Vigo para exigir la suspensión de la retroactividad de la ley Nº14.016, una de las dos leyes denominadas anti Sain.
El dictamen de la comisión de Acuerdos fue votado por mayoría –el diputado Leandro Busatto y el senador por Castellanos Alcides Calvo se opusieron– y se pondrá a consideración de todos los legisladores en la próxima sesión conjunta que se realizará el jueves que viene. Además de la suspensión de Sain por el tiempo que dure la investigación sobre las supuestas faltas graves que cometió, también se le retendrá el 50 por ciento de sus haberes.
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El exministro argumenta en el amparo que no debe aplicarse de manera retroactiva a los hechos que se investigan en su contra, al tiempo que vuelve a cuestionar la intromisión de la Legislatura dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El grueso de la oposición plantea que el retorno de Sain a la titularidad del OI enfrenta “incompatibilidades manifiestas”. De regresar a su antiguo puesto, argumentan, el exministro quizás tendría que investigarse a sí mismo, o a sus hasta hace poco compañeros de gabinete. Sin embargo, en la investigación interna del MPA que hizo el auditor ad hoc Rubén Martínez, también habría hechos a dilucidar que se produjeron desde el momento en que Sain regresó al cargo que ganó por concurso.

La comisión de Juicio Político había autorizado a fines de marzo medidas de prueba en el marco del pedido de apertura del proceso contra Sain por presunto “mal desempeño de sus funciones”. El cuerpo especial procuró obtener más información y, en ese sentido, convocó a los denunciantes y solicitó a los Poderes Ejecutivo y Judicial material ligado al ex funcionario. Incluso, sugirió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se abstuviera de habilitar el regreso de Sain al Organismo de Investigaciones (OI), desembarco que finalmente se concretó en abril.

Los diputados que integran el cuerpo resolvieron remitir a la comisión de Acuerdos y al Ministerio Público de la Acusación todo lo actuado respecto de Sain. “Lehmann no ratificó la denuncia ya que Sain no es más ministro. Entonces, es imposible seguir con el proceso de juicio político”, afirmó la oficialista Matilde Bruera. “En su momento advertimos que la Constitución de Santa Fe así lo preveía”, recordó.

A su turno, el frentista Joaquín Blanco subrayó: “Reunimos material que marca que la gestión de Sain fue ineficiente y que su presencia en el OI es de una incompatibilidad manifiesta, ya que tiene la posibilidad de investigarse a sí mismo”.

“Sain se fue del cargo con un pedido de juicio político, denuncias ante el Inadi por discriminación y xenofobia y denuncias penales por el intento de un proceso de licitación irregular para la compra de armas israelíes”, agregó el socialista.

El senador provincial Lisandro Enrico (UCR), quien fue designado como el miembro acusador en la investigación a Sain, fundamentó este jueves el pedido de suspensión de Marcelo Sain como titular del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por presuntas “faltas graves”, planteo que las cámaras Alta y Baja tratarán en sesión conjunta el jueves próximo.

En ese sentido, la presidenta del Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, formalizó la convocatoria a la sesión conjunta para el 1° de julio, a partir de las 13 y de modo presencial y virtual, para debatir el dictamen emitido el miércoles pasado por la comisión bicameral de Acuerdos respecto de Sain.

La comisión especial resolvió —por mayoría— avanzar con el proceso sancionatorio al titular del OI por supuestas “faltas graves”. Y solicitó a las Cámaras alta y baja suspender al ex ministro de Seguridad provincial por 180 días y retener el 50 por ciento de sus haberes.