La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe tomó la iniciativa de pedir que se liberen las patentes de las vacunas contra el COVID 19, y reclama al Poder Ejecutivo que se ponga al frente de la gestión. El proyecto busca “intervenir en esta situación de desigualdad en la que a los países ricos les sobran vacunas y en los países pobres se siguen perdiendo vidas por no acceder a tiempo a la vacunación”.

“La vacuna debe ser declarada un bien público, exenta del derecho a la propiedad intelectual”, pidió la diputada socialista, Claudia Balagué, autora del proyecto. “Si la comunidad científica internacional pudo romper fronteras y compartir años de conocimiento acumulado para socializar vacunas que salvan vidas, no vemos por qué no se pueden romper fronteras que atañen exclusivamente a intereses comerciales, para poder acceder a este bien esencial, así como a los kits de diagnóstico y a los medicamentos que van probándose como efectivos para el tratamiento del coronavirus”, agregó.

Balagué recordó que Santa Fe es pionera en la producción local de medicamentos, ya que las políticas del Frente Progresista han desarrollado una estructura científico-tecnológica que concibe a los medicamentos como bien social y favorece el acceso universal. Liberadas las patentes, se dispondría de conocimiento, tecnología y plataformas no solo para acceder a vacunas producidas en otros países sino para producirlas en la misma provincia, en el mismo Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que produce medicamentos para abastecer a todo el país.

Balagué señaló que resulta urgente tomar estas medidas, que ya fueron solicitadas por más de 100 países, incluida la Argentina, “porque las sucesivas mutaciones del virus van siendo cada vez mas agresivas y resistentes a las vacunas que se han desarrollado”. Por eso, agregó, que también desde la Cámara de Diputadas y Diputados tomaron la iniciativa de generar espacios de divulgación a la comunidad, porque circulan mensajes contradictorios, que terminan favoreciendo esta desigualdad. “Estamos convencidos de que esta información debe circular con claridad para que la comunidad conozca la situación, y pueda reclamar con contundencia su derecho a las vacunas, que en definitiva es su derecho a la vida”