El fiscal que investigó el sonado caso de una mujer policía acusada de haber abusado de su pequeña hija en Casilda, y que está siendo juzgada en los tribunales provinciales de esta ciudad, pidió una pena de 22 años de prisión efectiva contra la imputada.
El representante del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Emiliano Ehret, fundamentó su pedido en una serie de evidencias por las cuales Jorgelina Lucía Beatriz S., de 29 años, está sentada en el banquillo para ser juzgada por el tribunal que integran los jueces de primera instancia Marisol Usandizaga, Jesús Alberto Rizzardi e Ignacio Vacca.

A la incriminada, quien es representada por el defensor público Fernando Ritondale, se le atribuyen los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por su ascendiente y contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en concurso real con promoción de corrupción de menores agravada por el vínculo y por la convivencia, en carácter de autora y como hechos consumados”.

El caso, del que dio cuenta oportunamente La Capital, generó un fuerte impacto social en la ciudad y la región no solo por la gravedad del acto achacado sino porque además la agente trabajaba en la Comisaría de la Mujer de esta localidad cabecera del departamento Caseros, donde atendía a víctimas de abusos.

La acusada fue detenida en noviembre de 2018 y estuvo detrás de las rejas hasta febrero del año pasado, cuando la jueza Mariel Minetti hizo lugar al pedido de la defensa para que continúe privada de su libertad bajo arresto domiciliario, lo que provocó malestar especialmente en organizaciones como el colectivo Ni Una Menos de Casilda.

Ehret pretendía que la imputada siguiera presa, pero la magistrada optó por el requerimiento de morigerar su prisión preventiva mientras se sustancie el proceso que ahora entró en su fase final con la puesta en marcha del juicio oral que se está desarrollando y cuya sentencia se conocerá en los próximos días.

La investigación fue iniciada tras una denuncia impulsada por un médico del Hospital San Carlos de Casilda luego de que la nena presuntamente abusada fuera derivada a un efector de Rosario, donde fue intervenida por una hemorragia en su zona vaginal y se constató que el sangrado era producto de lesiones.

Al tomar intervención, el fiscal Ehret dispuso una serie de medidas que culminaron con la aprensión de la mujer policía cuando se encontraba al cuidado de su hija, por entonces de 9 años, en el nosocomio rosarino.

Y posteriormente sumó una serie de elementos que apuntaron a demostrar que la nena fue víctima de un abuso producido por la introducción de un objeto, lo que es negado por la acusada, quien sostiene que las lesiones detectadas fueron consecuencia de una supuesta caída que la pequeña sufrió mientras se estaba bañando en su casa.

El juicio, que se lleva adelante sin público por las restricciones impuestas por la pandemia, arrancó este lunes y en las primeras jornadas ya prestaron declaración algunos de los testigos ofrecidos por Fiscalía, entre los que se encuentran médicos y psicólogas.

Los alegatos de clausura están previsto para el próximo martes, cuando además se espera que el tribunal establezca el día que dará conocer el veredicto. Cabe destacar que Ehret es asistido por el Equipo de Litigación de la Fiscalía Regional Segunda.