La ex presidenta comunal de Gato Colorado comenzó a ser juzgada este miércoles como autora del delito de malversación de caudales públicos, cometido en 2013 en esa localidad del departamento 9 de Julio. El juicio oral y público se desarrolla en los tribunales de la ciudad de Tostado. El fiscal que representará al MPA en el debate es Martín Castellano, a cargo de la sección Criminalidad Económica y Compleja (SeCEC) de la Fiscalía Regional N° 5. El juez que dirigirá el debate es José Luis Estévez.

La acusada es una mujer de 65 años, cuyas iniciales son MRBA, a quien el fiscal le atribuyó la autoría del delito de malversación de caudales públicos. En tal sentido, el funcionario del MPA solicitó una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por dos años y seis meses, una multa de 25.400 pesos y las costas del proceso.

En relación a los hechos atribuidos, el fiscal Castellano precisó que “la acusada, en su carácter de presidenta comunal de la localidad de Gato Colorado (mandato comprendido entre los años 2009 y 2013 con sucesivas reelecciones), otorgó a los caudales administrados en esa dependencia una aplicación diferente a los legalmente asignados”. El fiscal informó que “tal acción provocó un entorpecimiento al servicio educativo al que estaban inicialmente destinados los fondos”.

 El fiscal Martín Castellano
El funcionario del MPA precisó que “la comuna de Gato Colorado recibió la suma aproximada de 100 mil pesos en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo, correspondiente al año 2013. Fue en el marco de lo establecido por las leyes nacionales 26.075 y 26.784 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Económico, y los decretos provinciales 2954/13 y 3287/13”.

“Esa suma fue instrumentada mediante seis transferencias recibidas entre octubre de 2013 y enero de 2014 en la cuenta bancaria de titularidad de la comuna”, sostuvo el fiscal. Asimismo, indicó que “los fondos inicialmente debían otorgarse a las escuelas del distrito de Gato Colorado en concepto de subsidio educativo. Sin embargo, un total de 50.801,56 pesos fue utilizada para fines distintos a los legalmente asignados”.

Finalmente, Castellano subrayó que “la acusada actuó teniendo pleno conocimiento y voluntad respecto de esa aplicación diferente, ello en virtud del cargo ejercido”.