“Ya sea en forma previa a controles rutinarios o para estudios complementarios, partos o cesáreas, como así tampoco en personas que requieran de una cirugía programada; cumplimentándose en todos los casos con las medidas de utilización de equipos de protección personal y bioseguridad indicadas en el protocolo provincial vigente”.
La normativa tuvo lugar a partir del reclamo de los grupos Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) Rosario, el Colectivo Autoconvocado Mujeres en Tribu y Doulas, tanto de Rosario como de Santa Fe, Latiendo Juntos y Membyra.

Las denuncias que les habían llegado eran de la exigencia de un hisopado con el pago de entre 6 y 8.000 pesos, que se les informaba a las mujeres poco antes de la fecha probable de parto.
Desde que comenzó la pandemia “se ha verificado en varias oportunidades la solicitud de estudios diagnósticos, en embarazadas o personas con cirugías programadas, lo cual podría demorar la atención de pacientes no sospechosos de Covid-19”.

 “Las recomendaciones para embarazadas con sospecha y/o confirmación de Covid-19 no difieren de las indicadas para la población adulta, siendo imprescindibles sostener las medidas de aislamiento y bioseguridad en todas las etapas de atención”.
Por último, sostiene que “el requerimiento solo resulta recomendable para aquellos pacientes que cumplan con criterios clínico-epidemiológicos de caso sospechoso”. Igual recomendación se aplica a pacientes con cirugías programadas.