La jueza Eleonora Verón le dictó prisión preventiva por 90 días al fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad. Fue al acreditar la probabilidad que haya exigido y cobrado coimas al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti. En la misma audiencia se dictó libertad bajo caución y firma semanal al empleado judicial Nelson Ugolini, imputado como parte del grupo.

Los fiscales Gisela Paolicelli, Matías Edery, María Eugenia Iribarren y Luis Schiappa Pietra acusaron a Ugolini y Ponce de “diseñar y ejecutar, con la participación de Serjal, un plan delictivo para recibir dinero de Peiti”. A cambio, señalaron, se comprometían a “transmitir información reservada. A no investigar hechos que podrían constituir delitos e interferir en las investigaciones en curso. Y retardar u omitir dictámenes con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti”.

Así, imputaron a ambos como coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados. También les imputaron cohecho pasivo, al fiscal como coautor y al empleado como partícipe primario.

Inesperado
Tal como se dijo en la extensa —y concurrida— audiencia imputativa de más de cinco horas los fiscales investigaban una red de extorsión y juego clandestino cuando inesperadamente se toparon con esta causa que involucra a Ponce Asahad y que pondrá en el banquillo a Serjal, cuya carrera judicial terminó el lunes merced a un decreto del gobernador Omar Perotti. La causa en cuestión asomó cuando Peiti, prófugo sospechado de integrar una red de juego clandestino y extorsiones que atribuyen a Los Monos, pidió hablar con el fiscal general Jorge Baclini para entregarse.

Baclini lo derivó al fiscal regional de Rosario, pero el abogado del empresario imputado de gerenciar casinos clandestinos le respondió que su denuncia implicaba a Serjal. Peiti terminó declarando en la Fiscalía de Cañada de Gómez donde reseñó su relación con Ponce Asahad.

El relato de Peiti
Peiti contó que a en diciembre de 2018 lo llamó un fiscal y lo citó en un bar de Oroño y Mendoza para brindarle información. Así conoció a “Gustavo”, que le contó sobre una investigación que llevaba en su contra el fiscal de Melincué Matías Merlo. “Djo que podía pararme el problema que se me venía encima si accedía a una especie de cuota mensual”, denunció, en alusión a unos 4 o 5 mil dólares que comenzó a pagarle por mes.

Según el relato, en marzo de 2019 el fiscal lo volvió a llamar para contarle que el problema no estaba resuelto y le recomendó poner un abogado. Finalmente Peite fue imputado por tener garitos en opueblos de la zona y dos meses después volvió a hablar con Ponce y le recriminó para qué le había pagado. El fiscal respondió que su jefe, por Serjal, no manejaba esa regional, pero que en Rosario no le podría pasar algo así. Por ende, se retomó el vínculo de la cuota.

Esa intromisión no pasó desapercibida en la Fiscalía Regional 3 de Venado Tuerto. Fue llamativo que el abogado que buscó Peiti, Alberto Tortajada, fuera a averiguar por la situación de su cliente cuando todavía la investigación era secreta. Entre las cuestiones ventiladas en la audiencia de ayer —varias dadas a conocer en los últimos días por este diario— se supo de un informe del fiscal regional 3 Alejandro Sinópoli elevado a Baclini respecto del inesperado interés de su entonces par de la regional 2 Serjal para coordinar cuestiones vinculadas a allanamientos que en el marco de esa investigación podrían ordenarse en Rosario. Se presume que el interés de Serjal tenía que ver con el “servicio” que al parecer le brindaban a Peiti.

Privilegios
En una extensa presentación, los fiscales no sólo refirieron los privilegios que recibía Peiti a cambio de dinero. También acusaron a los fiscales de no protejerlo de denuncias que el propio Peiti comenzó a recibir, al parecer por parte de Los Monos, en una trama en la que según la acusación comenzó siendo víctima y terminó siendo miembro de la red investigada. “No es momento para hacer la denuncia”, le dijo Serjal en una de las dos reuniones que Peiti dijo haber mantenido, y entonces le pidió que siguiera “pagando la cuota a Gustavo”.

La relación terminó de partirse luego de la ya famosa visita de Serjal al Organismo de Investigaciones (OI) donde le mostraron un organigrama que ponía a Peiti como miembro de la red. Llamó la atención allí que el fiscal regional dijera que el empresario era una víctima. Días después Ponce le dijo a Peiti que estaba sospechado en una investigación muy grande pero que sabía cómo frenarla; a cambio de 100 mil dólares.

Peiti pensó entonces que todo era una fábula y que le sacaban plata por cosas que no pasaban. Pero luego pactó un encuentro el 9 de julio y quedaron que por la tarde le alcanzaría 10 mil dólares.

Evidencia
La cualidad de Peiti, que será imputado por cohecho activo en esta misma causa, de estar vinculado a una red que combina extorsiones con juego clandestino movió a los fiscales a cotejar todos sus dichos. Eso fue valorado por la jueza Verón a la hora de dejar preso a Ponce, teniendo en cuenta que su defensa había alegado que el cohecho no estaba demostrado y que el relato no era verosímil por la calidad de arrepentido que invocaba Peiti. “Esta es la causa de los cuadernos de la provincia de Santa Fe”, dijo Fernando Mellado.

Pero el relato de Peiti fue respaldado con evidencia sobre la información que brindó, así como capturas de cámaras de vigilancia que situaron a Ponce en los lugares donde dijo haber estado con él o, por ejemplo, con su abogado Luis Rosini. O pruebas que situaron a Serjal y Peiti en el mismo hotel de Buenos Aires, en un segundo encuentro. Y los dichos de miembros del OI a quienes les pareció llamativa la actitud de Serjal, que no solía visitar esa oficina. También que luego de esa visita el celular intervenido de Peiti dejó de funcionar.

La jueza halló datos objetivos que a su entender dan credibilidad al relato de Peiti, que por sus actividades ilegales no estaba en condiciones de denunciar la conducta de los fiscales. También consideró “gravísima” la conducta de Ponce por ser funcionario público, por lo que no podía descartar un peligro de fuga. Del entorpecimiento probatorio, se remitió a las evidencias: ya lo había hecho para favorecer a Peiti, por qué no volver a hacerlo.

Verón acordó con los acusadores salvo en el plazo de prisión preventiva: le dio 90 días.

Con información de La Capital