El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este lunes la "intervención y expropiación" del Grupo Vicentín, una de las agroexportadoras más importantes del país, que el año pasado se había declarado en cesación de pagos. Se remitirá al Congreso un proyecto de ley con el fin de "rescatar" a la empresa para permitirle afrontar la crisis financiera.

 
 
El mandatario impulsó “un decreto de necesidad y urgencia que dispone la intervención y expropiación del Grupo Vicentín”, junto a “una serie de medidas para rescatar esta empresa, líder en el mercado agropecuario, con el propósito que continúe y que sus trabajadores mantengan sus trabajo. También que 2.600 productores puedan seguir contando con esta empresa”.

“El Estado nacional es el principal acreedor a través del Banco Nación”, argumentó el jefe de Estado al explicar esta “decisión estratégica para la economía nacional”, que a su juicio “tendrá una relevancia singular post-pandemia de coronavirus”, en medio de la crisis.

“Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública. Argentina necesita soberanía alimentaria”, expresó Fernández, y amplió que “todos los activos de Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro” y cuyo interventor será Gabriel Delgado, un especialista en economía agropecuaria.

La intervención del Grupo busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF", dijo el mandatario, y añadió que, si surgiera evidencia de defraudación al Estado durante la administración anterior, se harán la denuncias pertinentes ante la Justicia.

 
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el “rescate” permitirá sostener su "papel central en el mercado agroindustial" y que al Estado le dará la ocasión de contar con una "empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios". “Significa volver a ponerla de pie”, aseveró.

Un pedido a viva voz
 
La medida del gobierno llega una semana después de que dirigentes políticos, sindicales y sociales pidieran que la compañía fuera declarada "empresa pública no estatal" para evitar "una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria".

La firma, que integra el ránking de las diez agroexportadoras más importantes de la Argentina, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de US$ 1.350 millones, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.

"Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad", manifestaron el lunes pasado los firmantes de una declaración conjunta dirigida al gobierno nacional.