La situación atravesada a raíz de la pandemia del Covid-19 generó múltiples efectos a nivel social, político y económico. Uno de los más resonantes es el intento por evitar las consecuencias más dramáticas por parte de los distintos sectores, en muchos casos, aún a costa de los demás. 

El sálvese quien pueda debió ser contenido y regulado por el Estado, que, en sus diferentes niveles, debió interceder para amortiguar el impacto en los sectores más frágiles socialmente.

En María Teresa se produjo una situación sumamente particular que describe esta dinámica. Según señaló el presidente comunal, Gonzalo Goyechea, una reconocida empresa de la región exigía un abultado descuento por un acta de infracción por circular excedido de peso en la ruta 14. El argumento de la crisis desatada por el coronavirus le servía para forzar al Estado comunal a evitar aplicar las sanciones correspondientes por la falta.

"Obviamente no lo obtuvo, por más asesor legal que acompañara al reclamo", especificó Goyechea, quien agregó que sucedió algo similar con una asociación local "que fue multada por no cumplir con decretos comunales dictados en función del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio".

En ese sentido, desde la Comuna afirman que "el infractor que recibe una multa por ir sin casco o estar mal estacionado no intenta recursos judiciales ni amenaza. Paga, más tarde o más temprano, pero paga. Es igual para las grandes infracciones".

"Somos y vamos a seguir siendo exigentes con el cobro de las tasas, mejoras, cuotas de viviendas y terrenos, atendiendo cada particularidad, cada situación, pero cobrar se tiene que cobrar. No se puede continuar con obras, entrega de viviendas, de terrenos, si las otorgadas y las obras realizadas no se cobran", expresó el dirigente local, y finalizó: "Está equivocado quién pueda plantear que estamos siendo rigurosos con las infracciones de tránsito porque no es un año electoral. Invito a quien piense esto que guarde este posteo para el año que viene o para cualquier momento".

"Con domicilio en María Teresa o no, la infracción fue cometida en nuestro pueblo y en nuestro pueblo se pagará, como corresponde. Las multas no son negociables y las presiones que intenten con amenazas de recursos judiciales van a chocar con una negativa", expresó públicamente Goyechea.

El mandatario local subraya que toda persona física o jurídica tiene el derecho de reclamar judicialmente, pero señaló que "pueden evitar la pérdida de tiempo con la amenaza, tienen que ir de una y listo".

Diario El Informe