La construcción de ocho (8) jardines de infantes en distintas localidades de la provincia con recursos de Nación está frenada por irregularidades del gobierno de Miguel Lifschitz, en tanto incluyeron anticipos financieros sin previsión de dinero y falencias en los actos administrativos que dispararon una observación del Tribunal de Cuentas. 

 
Las obras surgen de un convenio entre los ministerios de Educación de Santa Fe y la Nación, firmado el 13 de mayo de 2019. Allí se acuerda que la Provincia lleve adelante los trabajos de construcción o terminación de jardines de infantes en Santo Tomé, Granadero Baigorria, Funes, Alvear, Pueblo Esther, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Firmat. El gobierno central, responsable original de los proyectos, se compromete a aportar los fondos. 

Desde ese momento pasaron 5 meses hasta la apertura de ofertas de las empresas constructoras interesadas, que se realizó el 2 de octubre. El 2 de diciembre, a escasos 9 días del cambio de gobierno, la entonces ministra Claudia Balagué firmó las resoluciones mediante las cuales se adjudican los trabajos a las contratistas ganadoras. 

La ex funcionaria no reparó en un detalle: ella no podía hacerlo. Es que el convenio con su par nacional requiere legalmente de un decreto del gobernador que lo refrende, como así también que el mandatario delegue sus facultades, en este caso, en la responsable de la cartera educativa. Más aún, el acuerdo podría ser enviado a la Legislatura para su aprobación. Nada de ello ocurrió. 

Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas de la provincia emitió el 28 de febrero una observación legal, como se puede ver en las imágenes que acompañan esta nota. El reproche del órgano de control externo lleva las firmas de vocales insospechados de perottismo. Sergio Beccari fue funcionario del equipo económico de los tres gobiernos socialistas. Dalmacio Chavarri fue subsecretario Legal y Técnico de Miguel Lifschitz en la intendencia de Rosario. Lisandro Mariano Villar fue secretario del bloque de radicales frentistas en la Legislatura. María del Carmen Crescimanno ocupa su actual lugar desde que Hermes Binner fue gobernador. El único con nexos justicialistas es Oscar Biagioni, si bien también participó de la primera gestión del Frente Progresista y su pliego fue enviado por Antonio Bonfatti en acuerdo con los senadores del PJ. 

La consecuencia de una observación legal del Tribunal de Cuentas es la paralización del acto administrativo. El problema podría zanjarse con un decreto de insistencia del gobernador pero eso implicaría ratificar todo lo actuado. 

Esa no es la única debilidad del proceso. Según el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación de Obras Públicas de la Nación, que tiene vigencia en este caso, “al momento de la firma del contrato, el contratista podrá solicitar un anticipo financiero no superior al 20% (veinte por ciento) del monto del contrato”. Se trata de plata que el Estado aporta “únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato”.  Ese dinero “será descontado de cada certificado mensual en la misma proporción que fuera otorgado”. Es como si fuera un préstamo personal cuyas cuotas se descuentan del sueldo, salvo el detalle de que en este caso son constructoras. 

Pese a que queda claro que el pedido lo deben que hacer las empresas, no figura en el expediente nada parecido. De hecho, más bien lo contrario. El mismo pliego mencionado en el párrafo anterior ordena que la solicitud del dinero por parte de las compañías tiene que hacerse “presentando simultáneamente seguro de caución”.

En los documentos a los que accedió Diario Santa Fe puede observarse cómo la firma Bylsa envía su póliza al ministerio de Educación el 4 de diciembre “de acuerdo a lo requerido”. También la constructora DyScon hace lo propio el mismo día con la “documentación solicitada”. ¿Cómo podrían haber reclamado un anticipo financiero si no presentaron al mismo tiempo los papeles de los seguros, tal cual lo dispone la normativa, al punto de que la propia cartera educativa luego se los reclama? Una respuesta probable es que haya sido el mismísimo gobierno de Lifschitz quien haya ofrecido el dinero.

Pero eso no es todo. Para poder realizar un pago debe haber una partida presupuestaria asignada, de lo contrario el Sistema Informático Provincial de Administración Financiera (SIPAF) lo bloquea. Es esto último lo que ocurrió con los anticipos financieros aquí explicados. No fue una decisión de Perotti de cerrar la canilla: era un gasto que no estaba previsto y automáticamente fue rechazado. En consecuencia, comenzó a tramitarse una modificación del presupuesto para hacerle frente a esta erogación, para lo cual sí se necesita la firma del gobernador. Pero en este caso, al ser un procedimiento observado por el Tribunal de Cuentas, esa posibilidad fue abortada. 

El resultado de esta sumatoria de –en el mejor de los casos- desprolijidades tiene también como efecto nocivo la no llegada del segundo tramo de los fondos nacionales, dado que su envío se gatilla con el inicio de las obras, hoy paralizadas.

Fuente: diariosantafe.com.ar