Las declaraciones de un diputado provincial del bloque legislativo Somos Vida y Familia, quien denunció públicamente que el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe prioriza la comercialización misoprostol para interrupción voluntaria del embarazo por sobre otros fármacos “más esenciales”, disparó la polémica y una respuesta inmediata del secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana.

   Desde Somos Vida y Familia alertaron sobre la comercialización de la pastilla que provoca la interrupción del embarazo y pidieron informes sobre los recursos que se pretenden destinar, y también si el LIF ha dejado de producir medicamentos esenciales y prioritarios.

Planteos

El diputado Walter Ghione presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo de Santa Fe para que detalle la iniciativa del Ministerio de Salud en relación a la provisión de misoprostol al resto del país.

   El legislador busca conocer datos sobre la cantidad de recursos humanos y presupuestarios que se piensan destinar a tal efecto, además de que se consigne el número de unidades de misoprosol producidos en 2019, y la incidencia porcentual en cuanto a la totalidad de medicamentos que genera el laboratorio durante el año.

   Según ese planteo, pretende contar los datos sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del estatuto social del LIF, en cuanto al destino prioritario de abastecimiento de servicios de salud, provinciales, municipales y comunales durante el año pasado.

   “Como legisladores provinciales entendemos que con la crisis económica y de seguridad que padece la provincia, fabricar misoprostol no debe ser una prioridad del gobierno provincial, no podemos permitir que se utilicen los dineros de las arcas públicas para fomentar la cultura de la muerte, sino todo lo contrario: el Estado debe invertir en la protección y defensa de la vida en su integralidad, muy especialmente en la de los más indefensos, vulnerables y que no tienen voz”, sostuvo Ghione.

   El que enseguida recogió el guante y sentó una posición en línea con las políticas públicas fue Caruana, quien en declaraciones radiales fue tajante: “Hay que salir de estas posiciones de grieta. Pudimos demostrar que cuando se garantiza la educación sexual, baja la tasa de fecundidad y de intervenciones legales. La producción de misoprostol se hace bajo el protocolo vigente”.

Políticas coordinadas

En la reunión mensual del Consejo Federal de Salud (Cofesa), del que participan los representantes de todas las provincias, se deslizó la posibilidad de que el LIF sea productor y abastecedor nacional de misoprostol (no se fabrica desde 2018), aunque no hubo una confirmación oficial en ese sentido.

   Por Santa Fe participó el ministro Carlos Parola, quien confirmó que se hizo el ofrecimiento oficial sobre la venta del misoprsotol a Nación y, entre otras cuestiones, destacó la pronta llegada a la provincia de las vacunas faltantes, lo que permitirá intensificar la prevención. “Las vacunas que forman parte del calendario oficial estarán todas disponibles entre la semana próxima y principios de febrero”, dijo el funcionario.

   Al ser consultado por este tema, Caruana indicó que todos estos años “se ha trabajado para mostrar las garantías de un servicio de salud que, cuando es cercano y accesible, respeta derechos, y en ese marco, durante el debate tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, hablamos de garantizar derechos sexuales y reproductivos. Los problemas de interrupción legal del embarazo son de salud pública”, enfatizó

Garantías y derechos

En ese sentido, y en relación a los planteos de los legisladores de Somos Vida y Familia, pidió “salir de las grietas que llevan a veces a una banalización o demonización de la práctica. Pudimos mostrar en nuestros indicadores sanitarios que, cuando se garantizan la educación sexual y los anticonceptivos, se sustentan proyectos de inclusión, baja la tasa de fecundidad del embarazo adolescente y se afianza la interrupción legal, siempre en el marco de lo establecido por Código Penal”.

   Indicó además que la discusión que abarca la producción publica del medicamento es la sustentabilidad, lo que permite una disminución del valor de hasta un 80 por ciento con respecto de la industria privada, que fija precios unilaterales y monopoliza el mercado, con riesgo de desabastecimiento. Que un laboratorio público pueda abastecer a los Estados habla de políticas que se integran entre estados locales y nacionales. No sólo para el misoprostol, sino para todos los medicamentos”.

   Finalmente, indicó: “Los sistemas de salud no pueden estar en los vaivenes de la economía. Puede haber producción pública y sustentabilidad. Ningún debate en relación a los derechos de salud se podría dar si no tenemos sistemas cercanos y accesibles”.