El juez federal Luis Rodríguez procesó ayer al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa en la que se investiga si benefició a la empresa Shell, de la que había sido directivo y accionista, desde la cartera energética. El magistrado también procesó a la secretaria de Ética Pública, Laura Alonso, por el delito de encubrimiento.

El juez les trabó, además, embargos por 1.200.000 de pesos a Aranguren y 1.000.000 de pesos a Alonso, según consta en el fallo.

"Se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de Ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación", sostuvo el magistrado.

En relación a la situación de Alonso, el juez señaló que la Oficina Anticorrupción que dirigía, "deliberadamente omitió tomar conocimiento de los hechos investigados y realizó medidas de prueba superfluas, lo cual a la postre fue utilizado en la causa criminal por el imputado para peticionar un temperamento liberatorio".

"En el expediente iniciado en la OA con relación a Aranguren, la encartada hizo caso omiso a que aquel hubiera delegado en un inferior directo suyo la presidencia de Camesa (administradora del mercado mayorista eléctrico), que se hubieran efectuado pagos millonarios a la empresa Shell, e incluso no reparó que hasta el propio funcionario dijera que tomaba conocimiento de todo esto por su vocero de prensa", remarcó el juez Rodríguez.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron a Aranguren de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell".

Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex Ceo de la filial argentina de la petrolera, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones clase A de la empresa Royal Dutch Shell", que vendería meses después.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.

También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que habría puesto "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".

Los diputados dejaron constancia de que el 16 de marzo de 2016 alertaron sobre la presunta "incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo" a la OA que dirige Alonso, pero que no tuvieron respuesta.

El 18 de noviembre Aranguren se presentó en los tribunales para cumplir con la declaración indagatoria, instancia en la que negó haber beneficiado a la petrolera.

A la salida de la declaración sostuvo: "Nunca me interesé por un proveedor, siempre fue en beneficio del interés público". Y agregó: "Será cuestión de lo que decida el juez. Yo estoy muy tranquilo. Es el juez el que tiene que decidir".

La indagatoria a Alonso se realizó el jueves de la semana pasada. No aceptó preguntas y presentó un escrito donde aseguró que cumplió "estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones".