Frente al ultimátum dado por la oposición de los comités cívicos de Bolivia que pidieron su renuncia "dentro de las 48 horas", el presidente Evo Morales hizo un llamamiento a sus opositores para detener las peleas entre bolivianos, mientras la oposición exige que se realicen "nuevas elecciones para pacificar al país".

En tanto, con las nuevas manifestaciones contra el presidente Sebastián Piñera en Chile, este lunes se inicia otra semana agitada en la región.

En Bolivia, Morales instó a los opositores que "estimulan las movilizaciones con actitud racista y discriminatorio contra las elecciones del pasado 20 de octubre a no generar enfrentamientos entre bolivianos". "Lo mejor es en este momento, si somos sinceros, respetuosos del pueblo, es esperar la auditoría electoral", dijo Morales, quien tiene confianza en el apoyo del pueblo y en el trabajo que realiza la OEA en el cómputo de los votos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la victoria de Morales con el 10,8 puntos sobre Carlos Mesa, el candidato del partido Comunidad Ciudadana, resultado que fue rechazado por la oposición que salió a las calles para protestar, atribuyendo fraude en el conteo de las urnas.  

Evo Morales propuso nuevamente a los sectores opositores suspender las protestas en curso y esperar los resultados de la verificación integral del voto que está realizando la Organización de los Estados Americanos (OEA).   La oposición pide la nulidad de las elecciones del pasado 20 de octubre y convoca a un nuevo proceso electoral el 15 de diciembre. El candidato de Comunidad Ciudadana anunció incluso que iniciará las medidas legales para el procesamiento de las autoridades del Organo Electoral. Es un “golpe de Estado”, dijo Morales Para Morales, si la oposición no acepta la auditoria que lleva adelante la OEA para corroborar si hubo fraude o no, es porque solo busca convulsionar el país, y recordó el ultimátum que lanzó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dándole un plazo de 48 horas para dejar el Gobierno, lo cual lo atribuyó a una conspiración, a "un golpe de Estado". "Ahora que dicen fuera Evo, ya no es tema de fraude, es tema de golpe", afirmó el presidente. Frente a lo que dice que son amenazas de "golpe de estado", Morales recordó que en América Latina hubo golpes judiciales pero en el caso boliviano se intenta aplicar un golpe cívico-político, porque no pueden utilizar a las Fuerzas Armadas ni a la Policía. Al tiempo, el presidente reiteró que las protestas solo incitan al racismo y la discriminación contra los indígenas. "Evo Morales es un candidato ilegal e ilegítimo, se postuló a la presidencia a pesar de que la CPE (Constitución Política del Estado) se lo prohibía. Con todas esas circunstancias en contra nos enfrentamos en las elecciones de forma limpia, pero ellos ejecutaron un fraude, que ha encontrado resistencia en la sociedad boliviana y la comunidad internacional", dijo el expresidente Carlos Mesa, el candidato del partido Comunidad Ciudadana, que pugna por el poder.

“Super lunes” de manifestaciones en Chile La Mesa de Unidad Social -que agrupa a más de 100 organizaciones sociales- convocó a un "Súper lunes" en Chile, con manifestaciones y cacerolazos en todo el país para protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera, explicando que sus medidas económicas profundizan la agenda neoliberal en lugar de atender la social. La primera cita del lunes será a las 12 horas en la plaza de los tribunales de justicia, frente a la antigua sede del Congreso nacional. Allí se exigirá a los legisladores que frenen la tramitación de proyectos de ley que "solo apuntan a profundizar las desigualdades" y que se encuentran "en las antípodas de las demandas que el pueblo chileno está exigiendo en las calles". La socióloga Claudia Dides, parte de la organización de las marchas, enumeró las principales demandas: “Nueva Constitución Política; Asamblea Constituyente; Nuevo Sistema de Pensiones de Reparto y Solidario; y protección del Medio Ambiente, no más zonas de sacrificio”. Además, reclaman a “nacionalización de Bienes Comunes como agua, energía y recursos naturales (litio y cobre) así como de servicios básicos; aumento sustancial del salario mínimo y mejoras del sistema Laboral”. Las marchas serán la continuación de las que iniciaron el pasado 18 de octubre, cuando se produjo una inédita explosión social a raíz del alza en el precio del pasaje del Metro en horario pico y que había iniciado el 7 del mismo mes con un llamado a evadir el pago del boleto.   Los líderes sociales destacaron también los más de 300 cabildos que se desarrollan y en los que han participado más de 10 mil personas en 73 comunas del país.  

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que el total de detenidos, entre el 17 de octubre y las 22 horas del 1 de noviembre, llegó a 4.316. A ello se suman 1.547 heridos y 179 denuncias por tortura de parte de fuerzas de seguridad. Las manifestaciones piden también “educación pública de calidad y gratuita; creación de un sistema público único de salud con los recursos necesarios para una atención oportuna y de calidad, y sin privatizaciones encubiertas, como las listas de espera”. La lista continúa con “acceso efectivo y mejoramiento de la vivienda; modificación del sistema impositivo, donde los más ricos deben aportar más; justicia real y oportuna por violación a los derechos humanos; igualdad de género y enfoque feminista en las políticas públicas”. A diecisiete días del inicio de la peor crisis social que vive el país desde que recuperó la democracia en 1990, la preocupación sobre la vulneración de derechos de los manifestantes se transformó en uno de los temas sobresalientes para activistas e instituciones. "La preocupación es mundial sobre Chile por todo lo que ha pasado", dijo la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, tras reunirse con autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Santiago. D.S.

(Fuente www.perfil.com).