Angelina Antonioli Vidal
La menor convivía con una pareja sin vínculo familiar ni autorización judicial. La Justicia ordenó la intervención de la Secretaría de Niñez de Santa Fe.
El Gobierno de Santa Fe intervino en un caso de posible apropiación ilegal de una niña en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, luego de un pedido realizado por la Justicia provincial.
La actuación estuvo a cargo de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, tras detectarse que la menor convivía con una pareja que no tenía vínculo biológico ni autorización legal para su cuidado.
Según informaron fuentes oficiales, la situación salió a la luz cuando la propia pareja se presentó ante la Justicia para solicitar la tutela de la niña. Sin embargo, el juez interviniente rechazó el pedido y ordenó la participación de los organismos provinciales al considerar que podría configurarse un delito.
A partir de esa resolución, la Secretaría notificó a la pareja que debía reintegrar a la niña en un plazo de 24 horas. Finalmente, durante la mañana del sábado, la menor fue entregada y quedó bajo resguardo del organismo provincial, mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.
Desde la Provincia indicaron que las medidas adoptadas estuvieron orientadas a proteger el interés superior de la niña y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de protección integral de derechos.
Además, se informó que en 2025 la misma pareja había intentado incorporarse al programa de Familias Solidarias con la intención de adoptar a un menor. No obstante, fueron descartados luego de manifestar que su objetivo final era concretar una adopción. En ese momento, se les recomendó inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Santa Fe (Ruaga), único mecanismo legal habilitado para esos procesos.
En este marco, también recordaron que el artículo 146 del Código Penal prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión para quienes sustraigan, retengan u oculten a un menor de 10 años fuera del marco legal correspondiente.
