SOFIA ZANOTTI
En un hecho que intensifica la tensión política en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue puesto bajo prisión domiciliaria por decisión del juez Alexandre de Moraes. La medida, justificada por presuntas violaciones a restricciones judiciales previas, fue fuertemente cuestionada por sectores opositores y gobiernos del exterior, que la calificaron como un acto de persecución política.
Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del exmandatario, fue una de las voces más críticas tras la decisión judicial. Afirmó que “Brasil ya no es una democracia” y denunció la existencia de una “dictadura judicial disfrazada de justicia”. Además, exhortó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a considerar la activación de la Cláusula Democrática Interamericana, alegando una ruptura del orden constitucional.
Según Eduardo, su padre fue arrestado “por saludar a manifestantes desde su casa” y no por un hecho delictivo. Por ello, solicitó que la comunidad internacional actúe ante lo que considera un “abuso de poder sin precedentes”.
En el plano internacional, legisladores del bloque conservador del Parlamento Europeo promovieron sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, mientras que en EE.UU., el Departamento de Estado condenó la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) y calificó al magistrado como “una amenaza directa a la democracia”. El gobierno norteamericano ya había sancionado a Moraes bajo la Ley Magnitsky, y su esposa, Viviane Barci, fue señalada como posible vínculo financiero.
Por otro lado, el senador brasileño Flávio Bolsonaro pidió el inicio de un proceso de destitución contra el juez de la Corte, acusándolo de “no tener condiciones para seguir en el cargo”. Eduardo, en tanto, anunció una gira por Europa con el objetivo de sumar apoyos y nuevas sanciones.
Desde el entorno de Donald Trump también hubo reacciones: el expresidente estadounidense habría ordenado congelar activos del magistrado Moraes en EE.UU., aumentando la presión diplomática.
Mientras tanto, en Brasil, miles de manifestantes salieron a las calles para exigir la libertad de detenidos por las protestas de 2023 y el cese de lo que llaman persecución política. La situación abre un nuevo capítulo de alta tensión institucional en el país, con fuerte impacto regional.
