Justicia argentina ordena captura internacional de Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad

El juez federal argentino Ariel Lijo emitió una resolución histórica, ordenando la captura internacional de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta del país, por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos. La medida también incluye a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense, en el marco de una causa impulsada bajo el principio de jurisdicción universal.

La denuncia, presentada en Argentina en agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte y un equipo de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que Ortega, Murillo y otros miembros del gobierno son responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018. Entre las acusaciones figuran asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados de ciudadanos.

Este fallo se apoya en una sólida base de testimonios de víctimas, documentos oficiales, y pruebas obtenidas en colaboración con organismos internacionales. Según Richarte, la decisión judicial “marca un antes y un después” en la justicia internacional, y es un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas.

El principio de jurisdicción universal permite a los tribunales argentinos investigar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde hayan ocurrido. Esta postura fue avalada por el fiscal Eduardo Taiano y confirmada por el juez Lijo. Los testimonios presentados bajo reserva de identidad, junto con informes internacionales, consolidan las pruebas contra Ortega y Murillo.

La resolución de la justicia argentina plantea un desafío diplomático para el régimen nicaragüense y resalta la presión sobre la comunidad internacional para adoptar medidas contra los responsables. El pedido de captura internacional también pone de relieve la lucha por la restauración de la democracia en Nicaragua, mientras que la causa sigue abierta, esperando que este fallo impulse nuevas acciones judiciales y políticas en favor de las víctimas.