Gobierno propone arancelar salud y educación universitaria para extranjeros no residentes

El Ejecutivo impulsa un proyecto que busca modificar la ley migratoria y establecer tarifas para extranjeros no residentes en el sistema de salud y educación superior. ¿Cómo impactará esta medida?

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Una de las clases en la UBA

La medida surge en un contexto de ajustes presupuestarios y pretende establecer tarifas diferenciadas para estudiantes y usuarios del sistema de salud que no residan en el país. Según Adorni, en el ámbito educativo, las universidades nacionales podrían generar ingresos adicionales mediante el cobro de aranceles a estudiantes internacionales, especialmente en carreras como Medicina, donde la presencia de extranjeros alcanza el 30% en algunas instituciones.

Por otro lado, en el sector sanitario, el proyecto toma como modelo experiencias provinciales, como la de Salta, que implementó tarifas específicas para extranjeros no residentes, logrando un ahorro de 60 millones de pesos. Según datos oficiales, estas políticas buscan reducir lo que se denomina “tours sanitarios”, prácticas en las que ciudadanos de países limítrofes utilizan el sistema de salud argentino y luego retornan a sus países.

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Sin embargo, el anuncio no ha sido bien recibido por todos. Rectores de universidades nacionales expresaron su rechazo, cuestionando tanto la viabilidad técnica como los alcances de la propuesta. Según datos oficiales, los estudiantes internacionales representan solo el 4,3% de la matrícula universitaria total, lo que pone en duda el impacto real de la medida en términos de recaudación.

En el ámbito sanitario, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló que la medida es inconsistente y generará desigualdad. "No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio", afirmó Kreplak, destacando que solo el 0,2% de las consultas corresponden a extranjeros en su distrito.

El texto del proyecto aún no se ha hecho público, pero el debate ya está en marcha, enfrentando posiciones que van desde la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema hasta el respeto por los derechos humanos y el acceso universal a la educación y la salud.

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