Un caso judicial genera controversia en el ámbito penitenciario tras la imputación de Gabriela Fernández, una mujer trans que, tras ser trasladada a un pabellón femenino, abusó sexualmente de una interna. El fallo judicial resalta los riesgos que esta situación representa tanto para las reclusas como para las funcionarias encargadas de su cuidado.
Policiales 11 de noviembre de 2024
SOFIA ZANOTTI
El caso de Gabriela Fernández ha generado un intenso debate en el sistema judicial y penitenciario de Córdoba. Fernández, quien antes de su transición se identificaba como Gabriel Fernández, se encuentra acusada de una serie de delitos, incluyendo violencia de género y abuso sexual. Su historia comenzó hace casi una década, cuando fue arrestado por maltrato y violencia en relaciones de pareja. Sin embargo, tras anunciar su autopercepción como mujer trans, Gabriela fue trasladada a un pabellón femenino en 2018, cumpliendo con la normativa vigente que reconoce la identidad de género de las personas detenidas.
Este cambio, que en principio tenía como objetivo proteger los derechos de Gabriela, desató una serie de eventos que hoy son objeto de juicio. En 2023, mientras estaba detenida en un establecimiento penitenciario para mujeres en Córdoba, se denunció que Gabriela había abusado sexualmente de una interna, quien resultó embarazada como consecuencia del abuso. Ante esta acusación, se activaron los protocolos para proteger a la víctima, y Gabriela fue trasladada a otro centro penitenciario.
El tribunal que lleva el caso de Gabriela ha emitido un fallo que subraya la complejidad de este tipo de situaciones en contextos carcelarios. En sus declaraciones, los jueces manifestaron que la decisión de trasladar a Gabriela a una prisión femenina puso en riesgo los derechos y la seguridad de otras internas, debido a su historial de violencia en relaciones previas y su comportamiento agresivo dentro del penal. Además, señalaron que la falta de instalaciones adecuadas para el alojamiento de personas transgénero en el sistema penitenciario genera situaciones problemáticas tanto para las personas detenidas como para el personal encargado de su custodia.
La situación recuerda un caso anterior en el Reino Unido, donde una reclusa transgénero fue acusada de agresiones sexuales a otras mujeres en prisión. Este precedente influyó en la decisión judicial en Córdoba, que ha ordenado el traslado de Gabriela a una unidad penitenciaria separada de la población femenina y masculina hasta que se construyeron instalaciones especializadas para casos como el suyo.
El tribunal también abordó la polémica jurídica sobre si los actos de violencia cometidos por Gabriela pueden ser imputados como violencia de género, dado su estatus como mujer trans. A pesar de la defensa de la acusada, que argumentó que no se le debía aplicar esta figura legal, la jueza del caso decidió continuar con el proceso, reconociendo que parte de los hechos ocurrieron cuando aún se consideraba hombre.
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