Detenciones de Líderes Sindicales Desatan Controversia en Santa Fe por Protesta contra Reforma Previsional

En la madrugada de este miércoles, efectivos policiales llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los dirigentes sindicales Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, y Franco Casasola, integrante de la comisión directiva de Amsafé Rosario. Las detenciones se producen en el contexto de la investigación sobre los incidentes ocurridos durante la protesta de trabajadores públicos el pasado 12 de septiembre, cuando se sancionó la reforma al régimen jubilatorio en la Legislatura provincial.

Las autoridades confirmaron que, además de Almirón y Casasola, otros dirigentes docentes fueron arrestados, entre ellos Román González, Diego del Castillo y Maximiliano Molina, este último también vinculado a la Fenat - CTAA Rosario.

Lorena Almirón denunció que estos operativos constituyen una "persecución política y gremial", argumentando que la acción judicial no es un hecho aislado, sino parte de un intento sistemático de criminalizar la protesta. En una conversación con el medio local Sí 98.9, Almirón relató que los agentes buscaban a su hermano Maximiliano en la vivienda de su madre, donde además se produjo un allanamiento violento.

Por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, criticó la utilización de la fuerza en estos procedimientos, indicando que la policía forzó la entrada en la vivienda familiar de Almirón. Según sus declaraciones, se informó que existía una orden de captura dictada por un fiscal de Santa Fe.

La reacción del gremio Amsafé Rosario no se hizo esperar, emitiendo un comunicado en el que repudió la detención de Casasola, responsabilizando al gobierno provincial, y exigiendo su liberación inmediata. En su mensaje, denunciaron que el operativo estuvo marcado por la violencia, aludiendo a que "rompieron su puerta y amenazaron con armas de fuego", y resaltaron el carácter alarmante de tratar a un docente como un "criminal de guerra".

La situación continúa generando un intenso debate sobre el derecho a la protesta y la respuesta del gobierno ante las manifestaciones sociales.