
La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.

El Ministerio de Capital Humano entregó documentación clave que vincula a organizaciones con comedores inexistentes, beneficiados con alimentos y subsidios millonarios. Juan Grabois, relacionado con las entidades acusadas, niega las imputaciones.
Política 10/10/2024
SOFIA ZANOTTI

En un nuevo giro dentro de la investigación por la presunta malversación de fondos y recursos destinados a comedores populares, el Gobierno presentó ante el juzgado federal de Ariel Lijo una serie de documentos que revelan irregularidades en la entrega de alimentos y subsidios a organizaciones sociales. Según la información presentada, al menos 36 comedores registrados no existen físicamente, pero recibieron grandes cantidades de mercadería y dinero a través del programa "Argentina Contra el Hambre".

El informe entregado por los abogados del Ministerio de Capital Humano incluye remitos de mercadería, convenios firmados y registros en el sistema nacional, que no pudieron ser verificados en auditorías. Entre las organizaciones involucradas se encuentran la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, ambas vinculadas a Juan Grabois. Estos grupos habrían recibido subsidios millonarios entre 2022 y 2023.
En respuesta, Grabois rechazó las acusaciones, afirmando que los datos utilizados por el Ministerio para el relevamiento de comedores estaban desactualizados o eran incorrectos. Además, señaló que muchos comedores funcionan en condiciones informales, como en viviendas familiares, lo que dificulta su validación por parte de las auditorías.
El caso ha generado controversia, ya que involucra organizaciones sociales de gran relevancia y pone en duda la transparencia en la gestión de los recursos destinados a los sectores más vulnerables. La investigación continúa bajo la supervisión del fiscal Ramiro González, quien deberá determinar si se cometieron delitos vinculados a la malversación de fondos públicos.


La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.

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