SOFIA ZANOTTI
El 30 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la búsqueda de Maxi Sosa, un niño que desapareció en 2015 en el barrio Juan Pablo II de Ceres, sea reanudada bajo la jurisdicción del Juzgado federal de Rafaela. Este fallo llega en un contexto de incertidumbre, ya que la abuela del menor, Patricia Sayago, fue absuelta en 2021 por falta de pruebas en un juicio que la acusaba de haber entregado a su nieto a una red de trata de personas.
Maxi Sosa tenía apenas 3 años al momento de su desaparición, y su caso ha conmovido a la sociedad argentina desde entonces. La investigación, inicialmente gestionada por la Fiscalía de San Cristóbal, fue transferida a la Justicia federal debido a la posibilidad de que estuviera involucrada una red de trata. Sin embargo, tras varios años de indagaciones, el Juzgado de Rafaela había declarado su incompetencia y solicitado que el caso regresara a la Justicia provincial, lo que generó confusión sobre quién debería llevar adelante la búsqueda.
El fallo de la Corte, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que la mayoría de las pruebas y la investigación previa se realizaron en el ámbito federal. Además, se ordena ampliar el "espectro territorial" de la pesquisa, incluyendo la posibilidad de que Maxi haya sido inscripto en registros civiles provinciales. La Corte instó también a investigar si, desde la fecha de desaparición (18 de diciembre de 2015), se ha encontrado algún cadáver de un niño de tres años que coincida con la descripción del menor.
A pesar de esfuerzos previos, que incluyeron consultas a varios Cuerpos Médicos Forenses en diferentes provincias y al Registro Nacional de las Personas, las investigaciones han resultado hasta ahora en un callejón sin salida. El fiscal Gustavo Onel había solicitado información sobre cuerpos que pudieran ser identificados como Maxi, pero todas las indagaciones han sido infructuosas.
El caso ha dejado a la familia de Maxi sumida en la angustia, especialmente tras la absolución de Sayago y su pareja, Ariel Malagueño, quienes enfrentaron cargos por sustracción del menor. A medida que la Corte reanuda la búsqueda, la esperanza de encontrar respuestas para Maxi Sosa y su familia continúa viva.
