Sobreseyeron a Javier y Karina Milei en la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y al resto de los acusados en la causa $LIBRA. La resolución fue firmada el viernes, un día después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara cerrar la investigación por considerar que no había sustento para continuar con las imputaciones.

El cierre fue cuestionado por Juan Patricio Marchetto, uno de los cinco inversores que habían sido apartados como querellantes. Con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, apeló los sobreseimientos mientras busca que la Cámara Federal de Casación le restituya la posibilidad de intervenir como acusador particular.

Según la información publicada por La Nación, que accedió al dictamen y corroboró su fecha con fuentes oficiales, Taiano firmó su presentación de 58 páginas el jueves a las 11:32. Martínez de Giorgi suscribió la sentencia de 60 páginas el viernes a las 14:29. Fuentes del juzgado explicaron a ese diario que el fiscal había anticipado su decisión y que el magistrado tenía un viaje programado.

El argumento central de Taiano fue que las pruebas reunidas no permitían sostener los delitos investigados. Respecto de Karina Milei, consideró que no se había acreditado la sospecha de que hubiera recibido dinero para facilitar encuentros del Presidente con los empresarios Hayden Davis, Julian Peh y Bartosz Lipinski. Tampoco encontró probado un intercambio entre un beneficio y una actuación vinculada con su función.

Sobre la presunta estafa atribuida a Javier Milei y otros acusados, el fiscal sostuvo que el proyecto, el token, las empresas y la infraestructura tecnológica existían. También señaló que las operaciones se realizaron mediante herramientas públicas y trazables. A su criterio, el resultado económico del proyecto o el carácter especulativo de la inversión no bastaban para configurar una estafa.

Para descartar las imputaciones vinculadas con el ejercicio de la función pública, Taiano se apoyó en informes de organismos del Poder Ejecutivo. Citó la conclusión de la Oficina Anticorrupción de que Milei no había infringido la ley de ética pública y respuestas de dependencias de Presidencia que señalaron que no constaban registros del supuesto acuerdo confidencial con Davis.

Marchetto objetó que el cierre se dispusiera cuando, según su presentación, todavía había medidas ordenadas, peritajes por ampliar y personas relevantes sin declarar. Entre las diligencias pendientes mencionó el análisis de dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco. Taiano, en cambio, sostuvo que los informes disponibles no habían permitido vincularlos con las maniobras denunciadas ni con los investigados.

La disputa también alcanza la participación de los inversores. El juez les retiró la condición de querellantes el 3 de julio y la Cámara Federal confirmó esa decisión el 4 de septiembre. Como tampoco les habilitó el recurso ante Casación, acudieron en queja. Ese tribunal debe resolver primero si abre la revisión. Marchetto presentó además un pedido de pronto despacho para acelerar esa definición.

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