Universidades: el Gobierno defendió partidas inferiores al reclamo de los rectores

El Gobierno nacional defendió este martes en la Cámara de Diputados los $7,7 billones previstos para las universidades nacionales en el proyecto de Presupuesto 2027, frente al pedido de $11 billones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La discusión incluyó cuestionamientos oficiales a rectores y gremios y reclamos opositores por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación está judicializada.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ambos respaldaron las partidas propuestas por el Ejecutivo y rechazaron los planteos de mayores recursos para el sector.

Torrendell sostuvo que las transferencias universitarias representarán el 3,88% del gasto total de la Administración Pública Nacional en 2027. Comparó esa proporción con el 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% durante las últimas dos décadas. “Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron”, afirmó durante su exposición.

El secretario también cuestionó la administración de los fondos y los resultados académicos. Según las cifras que presentó, el costo fiscal promedio por graduado ronda los $80 millones y el gasto anual por estudiante equivalente a tiempo completo alcanza los $12,4 millones. Además, señaló que el 44,5% de los ingresantes abandona durante el primer año y que el 18,7% termina la carrera en el plazo previsto.

Con esos argumentos, Torrendell reclamó una gestión responsable y transparente y acusó a la dirigencia universitaria de concentrar sus acuerdos en pedidos de financiamiento, sin comprometerse con cambios en el sistema.

Álvarez, por su parte, sostuvo que los recursos adicionales solicitados por el CIN se destinarían principalmente a aumentos salariales. También afirmó que las remuneraciones de docentes y no docentes universitarios están por encima del promedio de la administración nacional. Responsabilizó a rectores y sindicatos por las interrupciones de actividades y aseguró que no existen facultades cerradas ni carreras desfinanciadas.

La oposición cuestionó las previsiones oficiales. Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, reclamó sostener el financiamiento universitario como política de Estado y cumplir la ley. El socialista Esteban Paulón insistió en la obligación de aplicarla, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que las partidas propuestas no permitirían recuperar la pérdida presupuestaria de 2026 y objetó la ejecución de los recursos de este año.

En el plano judicial, Álvarez defendió la posición del Ejecutivo y sostuvo que la ley incumple normas de administración financiera y ejecución presupuestaria. Citó una resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que habilitó revisar decisiones del juez Martín Cormick sobre salarios y becas. Esa medida no resolvió la cuestión de fondo.

Alberto Arrúa, de Argentina Federal, presentó un proyecto para exigir partidas de funcionamiento, recomposición salarial y becas. La radical Mariela Coletta leyó un reclamo del interbloque Unidos por el cumplimiento de la ley. Unión por la Patria pidió convocar a la comisión al CIN, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles.

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