Caputo afirmó que el 60% de las pensiones por invalidez son fraudulentas
El asesor presidencial Santiago Caputo afirmó que “aproximadamente el 60%” de las pensiones por invalidez “son truchas” y responsabilizó a dirigentes políticos por presuntas irregularidades en el otorgamiento de certificados de discapacidad. Sus declaraciones se produjeron después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
Caputo difundió las acusaciones mediante una publicación en su cuenta de la red social X. El porcentaje mencionado constituye una afirmación del asesor: el material disponible no incluye estadísticas, resultados de auditorías ni documentación que permitan corroborarlo.
En su mensaje, sostuvo que políticos emitieron certificados para beneficiar a amigos, conocidos y familiares, o con fines partidarios. También cuestionó al Poder Legislativo por su postura ante los intentos del Ejecutivo de revisar y dar de baja las prestaciones que considera irregulares.
Según Caputo, el Congreso busca obstaculizar esas medidas y pretende “duplicar las pensiones existentes”. El asesor también comparó la cantidad de beneficios con la que tendría un país que hubiera atravesado una guerra, aunque el material no aporta cifras ni referencias que permitan verificar esa comparación.
Otro de sus planteos fue que las prestaciones presuntamente fraudulentas reducen los recursos disponibles para las personas con discapacidad que necesitan asistencia. Atribuyó a esa situación las deficiencias de las prestaciones y calificó al sistema como una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos veinte años.
El proyecto remitido al Congreso propone establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades. Además, plantea una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, dentro de la política oficial de control de estos beneficios.
La discusión enfrenta al Ejecutivo con sectores de la oposición por el alcance de las revisiones y sus posibles efectos sobre las personas con discapacidad. En ese debate, corresponde distinguir los certificados de discapacidad de las pensiones: la existencia de un certificado, por sí sola, no demuestra que haya fraude ni una irregularidad en su emisión.
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