Gobierno llevó al Congreso un nuevo régimen de sanciones por Malvinas
El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone ampliar las sanciones contra personas y empresas que desarrollen actividades vinculadas con recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y áreas marítimas circundantes sin autorización de autoridades argentinas.
El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros de Defensa, Carlos Presti, y Economía, Luis Caputo. Ahora deberá iniciar su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados.
Uno de los principales cambios propuestos es la ampliación del régimen vigente, actualmente centrado en los hidrocarburos. La nueva legislación alcanzaría otras formas de aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
Para las personas o empresas que desarrollen actividades alcanzadas por las prohibiciones se plantean multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de suspensiones, cancelaciones de permisos e inhabilitaciones que podrían extenderse entre cinco y 20 años.
Las penas aumentan en los casos relacionados con recursos no renovables. El proyecto establece condenas de entre 12 y 20 años para determinadas actividades de exploración o explotación sin habilitación argentina. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala propuesta es de 15 a 20 años.
Además, los proveedores de bienes o servicios considerados esenciales podrían quedar alcanzados cuando tengan conocimiento de que su prestación está destinada a esas actividades. Para estos casos se contemplan penas de entre cinco y siete años.
El proyecto aparece en un contexto de renovada tensión alrededor de Sea Lion, el desarrollo petrolero impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Argentina considera que esas operaciones requieren autorización nacional. Las compañías, por otro lado, sostienen que cuentan con licencias válidas expedidas por las autoridades de las islas, mientras el Reino Unido rechaza la jurisdicción argentina sobre las actividades desarrolladas allí.
En este marco, la Justicia Federal de Río Grande dictó el miércoles una medida cautelar que ordena a ambas compañías abstenerse de avanzar con el proyecto. La aplicación efectiva de decisiones argentinas fuera de las áreas bajo control del país forma parte de la disputa jurídica y diplomática.
La iniciativa enviada al Congreso, además, excede el régimen sobre recursos naturales. Propone crear un Sistema de Seguridad Nacional encabezado por un Consejo presidido por el jefe del Estado e integrado por funcionarios de distintas áreas.
También incorpora mecanismos de protección de infraestructura crítica y procedimientos ante aeronaves o embarcaciones consideradas hostiles. En el ámbito marítimo establece una secuencia que puede incluir advertencias, maniobras de interposición y otras medidas coercitivas, mientras reserva el hundimiento para situaciones militares excepcionales y con autorización presidencial.