El Gobierno ampliará denuncias contra empresas que operan en Malvinas
El Gobierno nacional anunció este martes que ampliará las denuncias judiciales contra empresas y particulares vinculados con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según precisó, las nuevas presentaciones se sumarán a las impulsadas durante la semana anterior por el canciller Pablo Quirno, con intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Ravier indicó que las acciones apuntan a compañías que, según la posición del Gobierno argentino, estarían desarrollando actividades en violación de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.
“El Gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas”, sostuvo el funcionario.
La medida forma parte de una estrategia que la administración de Javier Milei viene profundizando durante septiembre. El Ejecutivo inició procedimientos administrativos y presentó denuncias penales contra sociedades y responsables vinculados con proyectos petroleros desarrollados bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas.
Entre las compañías que aparecen en distintas actuaciones se encuentran Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, vinculadas al proyecto Sea Lion. Las firmas han sostenido que poseen licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y, según informaron medios internacionales, consideran que las medidas tomadas desde Buenos Aires no deberían interrumpir el proyecto.
Por otro lado, el Gobierno británico rechazó este martes la posición argentina y afirmó que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación dentro de las islas ni sobre las compañías que desarrollan actividades vinculadas con ellas. Se trata de posiciones contrapuestas dentro de la histórica disputa de soberanía entre ambos países.
En paralelo, existe otra causa judicial vinculada con los recursos del Atlántico Sur. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, denunciaron a empresas pesqueras por presunto “contrabando pesquero” debido a operaciones realizadas con permisos británicos. Esa presentación es independiente de las causas que ahora busca ampliar el Gobierno nacional.
Ravier también se refirió a la futura base naval integrada en Tierra del Fuego. Según la versión oficial, tendrá funciones logísticas para el Atlántico Sur y la Antártida, además de infraestructura naval, aérea y comercial. Los beneficios estratégicos y económicos señalados por el funcionario constituyen proyecciones gubernamentales.
El próximo paso será conocer qué nuevas compañías y personas serán incorporadas a las presentaciones y cuál será el avance de las causas en la Justicia argentina. La respuesta británica anticipa, además, que las medidas pueden abrir una nueva instancia de tensión diplomática y jurídica entre ambos países.