Malvinas: el Gobierno amplía sanciones por actividad petrolera
El Gobierno nacional amplió los procedimientos administrativos por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas en torno a las Islas Malvinas sin autorización argentina. La nueva instancia alcanza a 15 sujetos adicionales y eleva a 60 el número total de personas y empresas investigadas.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y se fundamenta en la Ley 26.659, que establece las condiciones para realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. La norma también contempla a accionistas, proveedores y compañías que mantengan vínculos comerciales con operadores que actúen sin habilitación argentina.
El punto central es que se trata de procedimientos sancionatorios en trámite y no de sanciones definitivamente aplicadas. Según la legislación vigente, una vez concluido el proceso administrativo podrían disponerse inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, además de otras consecuencias previstas por la normativa.
El comunicado oficial no publicó los nombres de los nuevos investigados. Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo citadas por Noticias Argentinas indicaron que serían ocho compañías y siete personas vinculadas como accionistas, directivos o proveedores de las firmas petroleras involucradas.
Entre las empresas mencionadas aparecen Shlomo Eliahu Holdings Ltd., accionista de Navitas Petroleum; Aberdeen Group PLC, HBOS Investment Fund Managers Ltd., SMR Advisors (Monaco) SAM y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., vinculadas accionariamente con Rockhopper Exploration.
Además, en la nómina figura David Williamson Dobson, relacionado con Borders & Southern, junto con Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, vinculados a Eco.
La lista difundida también incluye a Bluewater Energy Services BV, Bluewater Sea Lion Production Company Limited y Noble Corporation UK Ltd., señaladas por su participación en la provisión de infraestructura o servicios para los proyectos cuestionados.
El conflicto tiene como uno de sus principales ejes al proyecto Sea Lion, encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Argentina sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación en el área requiere autorización nacional. Las compañías, por otro lado, han defendido las licencias otorgadas por las autoridades que administran las islas.
El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo además que las compañías alcanzadas por las medidas podrían quedar impedidas de contratar con el Estado argentino, acceder a determinados beneficios fiscales o participar en proyectos energéticos nacionales.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa de las islas rechazó el planteo argentino y reiteró su posición de que el futuro del territorio debe ser decidido por sus habitantes.
En este marco, los nuevos expedientes se incorporan a una estrategia administrativa, judicial y diplomática impulsada por el Gobierno alrededor de la explotación de recursos en el Atlántico Sur. La próxima instancia será determinar, caso por caso, si los involucrados efectivamente infringieron la legislación argentina y qué sanciones corresponden.