Restituyeron 150 mil pensiones por discapacidad tras las auditorías

La Secretaría Nacional de Discapacidad informó ante la Cámara de Diputados que alrededor de 150.000 pensiones por invalidez laboral que habían sido dadas de baja durante el anterior proceso de auditorías fueron restituidas.

El dato fue aportado por Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, durante una reunión de la Comisión de Discapacidad. Según explicó el funcionario, los beneficios “se volvieron a dar de alta, se reinstalaron y se pagaron los retroactivos”.

La afirmación corresponde a la información presentada por el funcionario durante la exposición. No se difundió, en ese encuentro, un detalle individualizado de los casos alcanzados.

La actual conducción también tomó distancia del mecanismo de auditorías utilizado anteriormente por la Agencia Nacional de Discapacidad. El secretario del área, Alejandro Vilches, señaló que dejaron de realizar citaciones masivas y que los próximos controles serán efectuados de manera individual.

Las auditorías habían comenzado durante la gestión anterior como parte de una revisión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En febrero de 2025, el Gobierno había anunciado el envío de unas 300.000 cartas documento dentro de un universo superior al millón de beneficios.

Durante aquel procedimiento se registraron cuestionamientos por notificaciones enviadas a domicilios desactualizados, dificultades para concurrir a las citaciones y posteriores suspensiones de prestaciones.

Por otro lado, Vilches informó que un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas permitió detectar 178.254 personas fallecidas que todavía figuraban con Certificado Único de Discapacidad. El funcionario aclaró que esa situación no significa que esas personas estuvieran cobrando pensiones o utilizando prestaciones.

A partir de distintos cruces de información se realizaron más de 14.000 auditorías destinadas a actualizar esos registros.

La directora nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, María Florencia Moreira Cinat, indicó además que fueron revisados alrededor de 650.000 expedientes históricos. Parte de ellos correspondía a trámites incompletos que continuaban formalmente abiertos pese a no contar con la documentación necesaria.

Actualmente, según la funcionaria, existen más de 20.000 expedientes evaluados que avanzan hacia una resolución definitiva.

La situación generó cuestionamientos durante la reunión. Legisladores opositores plantearon casos de personas que llevan meses o años esperando una respuesta administrativa, mientras las autoridades reconocieron que todavía persisten demoras.

En este marco, el debate continuará en el Congreso. Sectores opositores impulsan una sesión para el 9 de septiembre con la prórroga de la emergencia en discapacidad entre los principales temas, mientras el oficialismo busca avanzar con una propuesta alternativa.