Súper RIGI: el Senado negocia energía y compras nacionales

La Libertad Avanza aceptó discutir modificaciones reclamadas por bloques aliados. Los puntos centrales alcanzan a los proveedores argentinos y a los proyectos de alto consumo eléctrico.

El Senado buscará avanzar este miércoles con el proyecto denominado Súper RIGI, el régimen de incentivos destinado a captar inversiones de gran escala en nuevas industrias. La discusión estará concentrada en dos modificaciones: una relacionada con la participación de proveedores nacionales y otra vinculada con el abastecimiento eléctrico de proyectos de alto consumo, entre ellos los grandes centros de datos.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General fue convocado desde las 13. La intención de La Libertad Avanza es conseguir dictamen y llevar posteriormente la iniciativa al recinto, con el 10 de septiembre como fecha política prevista para una eventual sesión.

El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados. Sin embargo, el oficialismo necesita del acompañamiento de la UCR, el PRO y diferentes bloques provinciales para avanzar en la Cámara alta. Esa negociación llevó a aceptar modificaciones que, de incorporarse definitivamente, obligarán a enviar nuevamente el texto a Diputados.

Uno de los principales puntos en discusión es la contratación de proveedores nacionales. La versión aprobada por la Cámara baja establece un compromiso mínimo equivalente al 20% del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta local competitiva en precio y calidad.

Representantes industriales y sectores aliados plantearon que ese porcentaje debe alcanzar específicamente a bienes efectivamente producidos en Argentina. Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina, defendió durante el debate parlamentario una mayor precisión sobre ese requisito.

El segundo eje está relacionado con los proyectos electrointensivos. Los bloques provinciales pretenden incorporar garantías para que instalaciones con una demanda eléctrica considerable no comprometan las redes existentes ni trasladen a las provincias el costo de ampliar la infraestructura.

Entre esos emprendimientos aparecen los megacentros de datos vinculados con inteligencia artificial. Una de las alternativas negociadas establece que proyectos capaces de afectar el suministro de una localidad o región deban garantizar generación o autoabastecimiento propio. El alcance definitivo de esa obligación permanecía sujeto a negociación antes del plenario.

El Gobierno considera que imponer exigencias adicionales podría reducir el atractivo del régimen, mientras los sectores que impulsan las modificaciones sostienen que las nuevas inversiones deben contemplar sus efectos sobre la infraestructura existente.

El régimen contempla incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones de al menos 1.000 millones de dólares destinadas a nuevas industrias. Entre otros beneficios, propone una alícuota de Ganancias del 15%, amortización acelerada, ventajas impositivas y disponibilidad progresiva de las divisas provenientes de exportaciones.

Si el Senado finalmente modifica el proyecto, la discusión regresará a Diputados. Allí se definirá si la Cámara de origen acepta las reformas y habilita la sanción definitiva del nuevo régimen.

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