Bullrich negocia cambios al Súper RIGI para destrabar el Senado
El Gobierno nacional intenta avanzar en el Senado con el denominado Súper RIGI, un régimen de incentivos para inversiones de gran escala, pero la falta de votos propios obligó a La Libertad Avanza a abrir negociaciones con la UCR, el PRO y bloques provinciales. Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, trabaja en modificaciones al texto aprobado por Diputados con el objetivo de reunir los apoyos necesarios.
La discusión se concentra en dos puntos. El primero es la participación de proveedores nacionales. La iniciativa establece que los proyectos deberán comprometer al menos un 20% del monto destinado a proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado en precio y calidad. Los bloques aliados plantean que ese porcentaje quede vinculado de manera específica a bienes producidos en la Argentina.
En la última ronda de exposiciones, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina, pidió que el requisito contemple bienes efectivamente fabricados en el país. El planteo busca que una parte de las inversiones promovidas por el régimen tenga impacto directo sobre la producción local.
El segundo eje es el consumo de energía de los grandes centros de datos y otros proyectos electrointensivos. Los bloques provinciales impulsan una cláusula para que esas inversiones desarrollen o aseguren sistemas propios de generación eléctrica y no trasladen toda su demanda a las redes existentes.
Según fuentes parlamentarias citadas por Agencia Noticias Argentinas, desde el Poder Ejecutivo surgieron objeciones a esa condición. También se informó que el equipo económico encabezado por Luis Caputo no habría participado de las conversaciones iniciales sobre las modificaciones. Ese supuesto desacuerdo interno no fue confirmado oficialmente y debe considerarse una versión atribuida a fuentes legislativas.
Bullrich, en tanto, habría admitido ante allegados que el bloque oficialista cuenta con 21 senadores y necesita acuerdos para alcanzar la mayoría requerida. Esa relación de fuerzas explica por qué el texto podría sufrir cambios antes de llegar al recinto.
El proyecto apunta a inversiones superiores a los US$1.000 millones vinculadas con nuevas industrias, tecnología, inteligencia artificial y minerales críticos. Entre los beneficios previstos aparecen una alícuota del 15% en Ganancias, amortización acelerada, ventajas aduaneras y mayor disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.
Si el Senado modifica el texto, la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados para una nueva revisión. De acuerdo con la agenda parlamentaria informada hasta el momento, el oficialismo aspira a conseguir dictamen en los próximos días y llevar el proyecto al recinto durante septiembre, aunque esa hoja de ruta todavía depende del cierre de las negociaciones.
El desenlace dependerá de cuánto esté dispuesto a ceder el Gobierno para sumar votos sin alterar los incentivos que considera centrales. El debate continuará entre la necesidad de atraer inversiones y los reclamos por mayor participación de la industria nacional y resguardo de la infraestructura energética.