Causa Seguros: Lijo ordenó una pericia sobre contratos estatales
El juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con una pericia contable y económica en la denominada causa Seguros, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la presidencia de Alberto Fernández. La medida buscará determinar, a partir de documentación técnica, si las operaciones analizadas ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado.
El expediente examina decenas de convenios celebrados entre organismos públicos y Nación Seguros con participación de intermediarios privados. Entre los empresarios investigados aparece Héctor Martínez Sosa, broker vinculado desde hace años con Fernández y esposo de María Cantero, quien fue secretaria privada del expresidente.
Lijo estableció un temario de 13 puntos para los especialistas, después de que las partes presentaran más de un centenar de cuestiones para incorporar al estudio. Según la resolución difundida por distintos medios, los cálculos deberán realizarse tomando los valores nominales originales y su correspondiente actualización en moneda homogénea. Los peritos también deberán informar mensualmente sobre el avance del trabajo.
Uno de los ejes estará puesto en las pólizas vinculadas con ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La Justicia pretende reconstruir los montos abonados, las comisiones percibidas, las empresas participantes, los mecanismos de selección y la relación entre las prestaciones realizadas y los pagos efectuados.
Además, se analizarán variables técnicas como primas, siniestralidad, capacidad financiera de las compañías y participación de intermediarios. El objetivo es determinar si existía una justificación económica y operativa para esas intervenciones o si hubo pagos que provocaron un daño a Nación Seguros y, en consecuencia, a recursos públicos.
La hipótesis investigativa sostiene que, tras el decreto 823/2021 firmado durante la gestión de Fernández, intermediarios privados habrían obtenido una participación relevante en contratos de organismos estatales. Entre ellos, la investigación puso especial atención en empresas vinculadas con Martínez Sosa. La existencia de un perjuicio económico y las responsabilidades individuales, sin embargo, todavía deben ser determinadas judicialmente.
Por otro lado, la situación procesal del expresidente atravesó modificaciones durante 2026. La Cámara Federal de Casación dejó sin efecto una resolución que confirmaba su procesamiento y posteriormente se dictó falta de mérito, una decisión que no equivale a un sobreseimiento ni implica el cierre de la investigación. La defensa había reclamado precisamente la producción de nuevas pruebas antes de una definición sobre su responsabilidad.
En este marco, el resultado de la pericia será uno de los elementos que deberá evaluar Lijo para adoptar una nueva resolución. Hasta entonces, tanto la existencia del presunto perjuicio económico como la eventual responsabilidad penal de los investigados permanecen bajo análisis judicial.