Meta fue condenada a pagar US$567 millones por daños vinculados al uso de redes sociales en menores
La Justicia del estado de Nuevo México condenó a Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, a pagar 567 millones de dólares por los daños que, según determinó el tribunal, sus plataformas provocaron sobre niños y adolescentes.
El fallo, conocido este jueves, consideró que la actividad de la compañía generó una “molestia pública” y ordenó además la implementación de nuevas medidas de protección destinadas a los usuarios menores de edad.
Entre las disposiciones establecidas aparecen límites mensuales al uso de Facebook e Instagram por parte de adolescentes, restricciones en las notificaciones y controles más estrictos sobre el contacto entre adultos y menores.
La resolución también contempla nuevas salvaguardias para los chatbots de inteligencia artificial y una revisión reforzada de las denuncias relacionadas con abuso sexual infantil.
Un juicio que comenzó con otra sanción millonaria
La resolución corresponde a la segunda etapa de un juicio que Meta había perdido en marzo.
Durante la primera fase, un jurado había impuesto a la compañía una sanción de 375 millones de dólares luego de considerar que infringió las leyes de protección al consumidor de Nuevo México al presentar de manera engañosa la seguridad de Facebook e Instagram para los menores.
Tras conocerse la nueva sentencia, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, sostuvo que el fallo representa “una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro”.
Meta anunció que apelará
La compañía adelantó que recurrirá la sentencia.
“Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos”, expresó un portavoz de Meta.
La apelación mantiene abierto el proceso judicial y podría modificar tanto el monto económico de la condena como algunas de las medidas establecidas por el tribunal.
El caso vuelve a poner en discusión el impacto de las redes sociales sobre los menores y las responsabilidades de las grandes plataformas tecnológicas frente al uso intensivo de sus servicios.