Rosario: derribaron otro búnker de drogas y ya son 78 los inactivados durante la gestión de Pullaro
El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este lunes un nuevo derribo de un búnker utilizado para la venta de drogas en Rosario, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Benteveo 790, en barrio Gráfico, y fue supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Con esta intervención, ya son 78 los búnkeres inactivados en Rosario, 88 en el departamento y 133 en toda la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que el inmueble funcionaba como un "aguantadero" vinculado al microtráfico, además de otros delitos como extorsiones y hechos de violencia. Señaló que se trataba de una problemática que afectaba al barrio y recordó que en la zona ya se realizaron otras intervenciones similares.
Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio indicó que este fue el quinto búnker derribado en barrio Gráfico como resultado de una investigación del equipo especializado en Microtráfico. Durante la causa se detectó la venta de cocaína fraccionada y la existencia de maniobras relacionadas con hechos de violencia y extorsión.
La fiscal destacó además la importancia de las denuncias realizadas por vecinos a través del 911 y de la línea 0800, junto con los testimonios reservados previstos por la Ley de Microtráfico. También señaló que el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos permitió identificar a otras personas involucradas en la organización.
Como resultado de la investigación, varias personas permanecen detenidas con prisión preventiva, mientras algunas esperan la audiencia preliminar y otras serán llevadas a juicio oral.
La Ley de Microtráfico fue aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y permite avanzar con la inactivación de inmuebles utilizados para la venta de estupefacientes o asociados a hechos de violencia, mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.