Exministro de España condenado a 24 años por corrupción
La Justicia española condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos por una trama de sobornos vinculada a la compra de barbijos durante la pandemia. También fue hallado culpable de organización criminal, malversación y tráfico de influencias.
El Tribunal Supremo de España condenó a 24 años de prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su participación en una red de corrupción relacionada con la adquisición de insumos sanitarios durante la pandemia de coronavirus.
Ábalos, quien fue uno de los principales colaboradores del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2025. La sentencia lo encontró responsable de los delitos de cohecho, organización criminal, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
La investigación determinó que el exfuncionario integró una estructura que favoreció la adjudicación de contratos para la compra de 13 millones de mascarillas a una empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. Según el fallo, las operaciones permitieron obtener millonarias comisiones que luego fueron distribuidas entre los integrantes de la organización.
Junto a Ábalos también fue condenado su exasesor, Koldo García, quien recibió una pena de 19 años de prisión. En tanto, el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, aunque evitará cumplir prisión efectiva por haber colaborado con la Justicia durante la investigación.
La sentencia sostiene que Aldama canalizó más de 6,6 millones de euros en comisiones a través de distintas sociedades. Además, el tribunal consideró probado que realizó pagos mensuales de 10.000 euros a Ábalos y García entre 2019 y 2022.
El caso, conocido en España como "Caso Koldo", también incluyó acusaciones por presunto nepotismo debido a beneficios obtenidos por una expareja del exministro en empresas públicas. La investigación forma parte de una causa más amplia que analiza posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y obras de infraestructura.
La condena representa uno de los mayores escándalos de corrupción que afectaron al oficialismo español en los últimos años y vuelve a colocar bajo presión política al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).