Santa Fe moderniza la justicia administrativa

La Legislatura de la provincia de Santa Fe avanzó en una de las reformas judiciales más importantes de los últimos años con la modificación integral del sistema contencioso administrativo, el fuero encargado de resolver conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

La iniciativa, promovida por el gobierno de Maximiliano Pullaro, ya obtuvo media sanción en Diputados y continúa su tratamiento en el Senado provincial. Además, se complementa con otra ley ya aprobada: la creación de un Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo.

Entre los principales cambios, la nueva normativa amplía el tipo de reclamos que podrán realizar los ciudadanos contra el Estado provincial, municipios y organismos públicos. A partir de la reforma, no solo podrán cuestionarse actos administrativos, sino también reclamar daños y perjuicios, demoras estatales y situaciones de vías de hecho.

Otro punto central es la flexibilización del acceso a la Justicia. La ley establece que cualquier persona que invoque una afectación de derechos o intereses jurídicamente protegidos podrá iniciar acciones judiciales. Además, el juez podrá exceptuar, en determinados casos, la obligación de agotar previamente la vía administrativa antes de acudir a tribunales.

Según se indicó, esta excepción podrá aplicarse cuando el procedimiento administrativo previo represente una carga irrazonable o una demora que implique una denegación efectiva de justicia.

La reforma también extiende los plazos para demandar al Estado, que pasarán de 30 a 90 días hábiles judiciales, y habilita alternativas para el pago de tributos reclamados, permitiendo cuotas o exenciones parciales en casos de dificultades económicas.

En paralelo, el nuevo esquema judicial incorporará audiencias orales, expedientes digitales y herramientas de gestión electrónica para agilizar los procesos. Además, las causas serán distribuidas mediante sorteos objetivos dentro del nuevo Colegio de Jueces, integrado por doce magistrados con competencia provincial.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la reforma busca modernizar el sistema judicial santafesino y adaptarlo a los estándares establecidos tras la reforma constitucional de 2025.