País Por: SOFIA ZANOTTI01/04/2026

Postergan el aumento del impuesto a los combustibles hasta mayo

El Gobierno nacional decidió diferir la actualización del impuesto a los combustibles para evitar un mayor impacto en los surtidores ante la suba internacional del petróleo.
 

El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono, trasladando la aplicación del aumento previsto para abril al mes de mayo.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 217/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se establece que se difieren los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones de los años calendario 2024 y 2025.

El tributo alcanza a productos como la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y su actualización impacta directamente en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en un contexto marcado por la suba internacional del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La caída de la recaudación complica a provincias y preocupa a gobernadores

En este escenario, la administración nacional busca evitar que un incremento impositivo genere mayor presión sobre los precios en los surtidores y, por consecuencia, en la inflación.

Cabe recordar que desde septiembre de 2024 el Ejecutivo dispuso que el impuesto a los combustibles se actualice en base a la inflación y de manera trimestral. Sin embargo, en distintas oportunidades se decidió aplicar aumentos parciales o postergar los ajustes para moderar su impacto.

Además, continúa vigente un esquema diferencial para el gasoil destinado al consumo en las provincias patagónicas, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.

Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, las postergaciones aplicadas durante 2025 implicaron para el Estado una resignación de ingresos fiscales cercana a los 2.326 millones de dólares.

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