Amplían denuncia contra Adorni por compra de departamento
La denuncia judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito fue ampliada este martes por diputados nacionales del interbloque Unidos, quienes pidieron nuevas medidas de prueba en la investigación.
Los legisladores Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro solicitaron que la Justicia tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito realizada por el funcionario en noviembre del año pasado.
Según la presentación, la misma escribana también certificó un año antes la adquisición de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.
La operación inmobiliaria quedó bajo análisis luego de que se conociera que el departamento, ubicado sobre la calle Miró y con casi 200 metros cuadrados y cochera, fue escriturado por 230 mil dólares, un valor inferior al precio estimado de mercado, que rondaría los 340 mil dólares.
Además, la compra se realizó mediante una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares otorgada por las propias vendedoras del inmueble, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64. Ambas negaron conocer al funcionario o haberle prestado dinero.
A partir de estos elementos, los denunciantes sostienen la hipótesis de que la operación pudo haber sido utilizada para justificar la adquisición de la propiedad mediante un mecanismo de financiamiento irregular.
La investigación también se vincula con otros hechos que quedaron bajo la lupa judicial, entre ellos viajes al exterior y presuntas incompatibilidades entre los ingresos declarados por el funcionario y su evolución patrimonial.
En paralelo, desde el entorno de Adorni rechazan cualquier irregularidad y aseguran que el funcionario puede justificar el origen de sus bienes a partir de más de dos décadas de actividad en el sector privado.
Mientras tanto, la Justicia Federal mantiene abierta la causa y analiza la evolución patrimonial del funcionario.