La Justicia avanza sobre los viajes de Adorni

El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario en la causa que busca determinar quién pagó los vuelos de Manuel Adorni y su familia. También pidió acceso a cámaras del aeropuerto de San Fernando. 

La investigación judicial sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este viernes un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal y bancario para reconstruir el circuito del dinero y establecer quién financió los vuelos realizados por el funcionario y su familia.

Además, la Justicia solicitó acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para intentar identificar a la persona que registró el video en el que se observa a Adorni y a su entorno antes de un vuelo hacia Uruguay. Esa filmación fue uno de los elementos que reactivó la polémica en torno al caso.

En paralelo, en los últimos días trascendió documentación incorporada a la causa que apunta sobre el origen de los fondos utilizados para uno de los traslados. Según una factura difundida públicamente, el vuelo privado a Punta del Este del 12 de febrero habría sido abonado por una firma vinculada al periodista Marcelo Grandío, situación que ahora quedó bajo análisis judicial para determinar si existió un beneficio indebido. Distintos medios señalaron que la empresa mencionada mantiene vínculos contractuales con el Estado.

Por otro lado, la controversia no se limita al viaje a Uruguay. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también analiza el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York en el que participó Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Ese episodio ya había generado cuestionamientos previos por el eventual uso de recursos oficiales en un traslado con presencia de familiares.

En este marco, la causa busca determinar con precisión si los gastos fueron cubiertos por particulares, empresas o terceros con interés en áreas bajo influencia estatal. Por ahora, la medida judicial no implica una resolución de fondo, pero sí marca un avance en la recolección de pruebas sobre un expediente que sigue sumando tensión política dentro del Gobierno.

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