Denuncian a Sturzenegger por contrato con la AACI

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios.

La presentación apunta a una presunta omisión en la publicación web de la Oficina Anticorrupción (OA), un requisito previsto en el Decreto 202/2017, en el marco de una contratación de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).

Según consta en la documentación, la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 al correo oficial de sorteos de la Cámara. Los denunciantes solicitaron que se investigue también la conducta de María Josefina Rouillet, directiva de la entidad adjudicataria y cónyuge del ministro.

El escrito detalla que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026, por la cual se adjudicó a la AACI un contrato por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal diplomático en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.

De acuerdo al texto, la propia disposición habría consignado la existencia de un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que activó el procedimiento previsto por el decreto: comunicación a la OA y a la SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de las actuaciones en el sitio oficial.

Sin embargo, los denunciantes sostienen que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, no encontraron registro publicado al 15 de febrero de 2026. A su criterio, esa presunta omisión afectaría un requisito central de transparencia.

En el apartado jurídico, la presentación encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, menciona como antecedente un contrato similar vigente en 2024 y solicita verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada y si esa información fue publicada.

La denuncia se conoció luego de una investigación periodística que expuso la adjudicación y generó un cruce público. Desde la Cancillería, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades y aseguró que la contratación con la AACI se realiza desde 2018, destacando que, ante el vínculo familiar, se activaron los mecanismos de control con intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

Ahora será la Justicia federal la que deberá definir el trámite y determinar si corresponde avanzar con la investigación.