Condena federal destina $30 millones a la salud municipal

En la mañana de este miércoles, en los Tribunales Federales de Venado Tuerto, se firmó un acta de Suspensión de Juicio a Prueba (probation) para dos personas imputadas por el delito de intermediación financiera no autorizada.

La medida fue homologada por el juez federal de feria Aurelio Cuello Murúa, quien impuso reglas de conducta por el plazo de dos años. Entre ellas, los imputados deberán abstenerse de ofrecer servicios de compra y venta de monedas extranjeras —como dólares, euros o reales— y de otorgar préstamos personales sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina.

Como parte del acuerdo, ambos deberán realizar un aporte económico de 15 millones de pesos cada uno, totalizando 30 millones, que serán destinados a la compra de equipamiento para los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Municipalidad. Entre los elementos previstos se incluyen desfibriladores, estetoscopios y equipos de ecocardiografía, todos presupuestados por el ente oficial.

Los imputados estuvieron asistidos por sus defensas particulares, mientras que los fiscales federales de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto prestaron conformidad para la aplicación del instituto, el plazo y las condiciones establecidas.

En representación del municipio participaron de la audiencia el secretario de Gobierno, Mariano De Mattía, y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide, quienes fueron reconocidos como beneficiarios directos de la medida.

Antecedentes del caso
La investigación tuvo origen a fines de junio de 2024, tras un robo ocurrido en una financiera informal ubicada en la intersección de Rivadavia y Cabral. En ese hecho, dos delincuentes armados sustrajeron alrededor de 5.000 dólares y otros bienes. Gracias a registros fílmicos aportados por testigos y a un operativo policial en inmediaciones de Villada, se logró la detención de cuatro sospechosos, quienes posteriormente fueron condenados.

A partir de ese episodio, la Justicia Federal avanzó con allanamientos e investigaciones que permitieron determinar la existencia de maniobras financieras realizadas sin autorización legal, lo que derivó en la causa que concluyó con la probation homologada.