Rosario: derribaron el búnker de drogas número 104
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante este jueves el derribo de un búnker de venta de estupefacientes ubicado en calle Vicente Medina 6903, en la zona sudoeste de Rosario. Se trata del punto número 104 inactivado en el territorio provincial desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El operativo fue encabezado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la supervisión del Ministerio Público de la Acusación. Durante la intervención, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, remarcó que la política de derribos apunta a recuperar la tranquilidad de los barrios y a devolver condiciones de convivencia a vecinos que ven afectada su vida cotidiana por la violencia asociada al narcotráfico.
En ese sentido, señaló que en muchos de los procedimientos se repiten situaciones como la usurpación de viviendas o terrenos, pero subrayó que el daño más profundo es la pérdida de la paz social en zonas habitadas por familias trabajadoras.
Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi explicó que el punto de venta fue detectado tras una investigación de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, en conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial. La causa se inició a mediados de 2025, cuando se localizó otro búnker en barrio Tío Rolo, lo que permitió profundizar las tareas investigativas.
Ese trabajo derivó en la identificación de las personas que operaban el lugar y obtenían beneficios económicos de la actividad ilícita, además de detectar otros dos puntos de venta vinculados a las mismas personas. Según se informó, cuatro individuos fueron imputados y se encuentran en prisión preventiva, mientras que otros cuatro tienen pedidos de captura vigentes. La investigación también estableció vínculos con la denominada Banda de los Menores.
La Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023, permite la inactivación física de inmuebles utilizados para la venta de drogas y asociados a hechos de violencia. Su implementación se lleva adelante desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía, fuerzas federales y gobiernos locales, con el objetivo de recuperar el control territorial y mejorar la seguridad en los barrios.